Principales medidas contra la inmigración masiva en Europa
La modalidad y características de la actual crisis de inmigración en los países europeos (que son más de 40, en número) difieren algo entre sí. Las acciones necesarias a tomar son también en alguna medida distintas en unos y otros países pero, sin embargo, las similitudes en lo básico son relevantes. Por ello, se pueden formular las principales decisiones en política de inmigración que la mayoría de estos países deben adoptar para, por fin, superar lo que se ha convertido en esta grave amenaza para las sociedades y naciones de Europa.
Conviene apuntar que en general las cuestiones relativas a la inmigración, por un lado, y las referidas al asilo político (sobre la condición de refugiado), por otro, están legalmente reguladas en leyes diferentes, aunque en la vida práctica se mezclan entre sí.
Como va a verse a continuación, las medidas que deberían ser tomadas en los países europeos para colocar bajo control este gravísimo problema son de sobra conocidas, desde hace tiempo. Lo que falta es la voluntad política de hacerlo, enfrentándose a las élites progresistas internacionales y a las numerosas instituciones por ellas controladas, empezando por Naciones Unidas y la Comisión Europea.
Consideraciones preliminares
No ha existido nunca un pretendido “derecho universal a la emigración”, al país al que cada cual desee establecerse. No hay que permitir que las élites progresistas internacionales sigan avanzando en su suicida empeño de hacer una realidad dicho “derecho universal”, bajo los ropajes del ¨buenismo¨ y del ¨multiculturalismo¨.
Como declaró en 2018 (al debatir sobre el Pacto Mundial sobre Migración) un diputado del partido de la derecha tradicional de Francia, que actualmente se denomina Los Republicanos (LR): “No puede haber un derecho global a la migración. Corresponde a cada Estado elegir quien puede entrar en su territorio, según las necesidades de dicho Estado”.
La preeminencia de los intereses de cada estado sobre los deseos de personas extranjeras se conoce por el trascendental término histórico de soberanía nacional, que la progresía actual detesta y hace todo lo posible por acabar con ella … en los países occidentales.
A) Control y reducción de las entradas de inmigrantes ilegales
+ Mejor control de las fronteras ¨exteriores¨ de la UE y refuerzo de la vigilancia marítima en el Mediterráneo y en el Egeo. Reforzamiento de la agencia europea Frontex y de la Policía Nacional en el caso de España.
+ Establecer cupos anuales nacionales con el número máximo y el tipo de inmigrantes que serán aceptados, cuando los interesados tramiten su solicitud en su país de origen por medio del Consulado del país europeo de destino. Cupos fijados por los gobiernos o por los parlamentos nacionales, no por la Unión Europea.
+ Reforzar y ampliar los acuerdos de cooperación migratoria con los países de procedencia inmediata, del norte de África y otros: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Turquía, etc. Acuerdos que pueden ser firmados por la UE o directamente por sus países miembro más perjudicados. En 2023 Italia firmó un acuerdo bilateral con Túnez, para frenar la avalancha de inmigrantes indocumentados que entran por su isla meridional de Lampedusa, que se encuentra a sólo 130 km. de la costa norte de Túnez.
+ Tramitación exprés de las solicitudes de asilo político (para tratar de adquirir la condición de refugiado) y que se haga antes de entrar en el territorio nacional, para que no ¨desaparezcan¨ dentro del país europeo y no se pueda expulsar a quienes se les haya rechazado la solicitud. La condición de refugiado sólo debe reconocerse a las personas que, encontrándose fuera de su país, puedan demostrar que existen fundados temores de ser perseguidas en su país de nacimiento por motivos de opiniones políticas, religión, raza o nacionalidad.
Externalizar la tramitación de las solicitudes de asilo a un tercer país
+ Es muy conveniente externalizar este trámite a un tercer país (Albania, Ruanda, Uganda, …), adonde serían trasladados por el país europeo (por ejemplo, Italia a Albania para las embarcaciones que se dirijan a Lampedusa o a otro puerto de Italia), asegurando que dichos países refuercen su legislación y procedimientos judiciales, construyan las infraestructuras necesarias para el internamiento o alojamiento y puedan pasar a ser considerados ¨seguros¨ para los inmigrantes allí trasladados. Quienes, finalmente, no obtengan el asilo político en el país europeo por ellos elegidos permanecerán en Ruanda, Uganda …, cuya cultura y creencias religiosas son más próximas a las de los inmigrantes.
Limitar el derecho de reagrupación familiar
+ Recorte del derecho de reagrupación familiar, limitándola al cónyuge y a los hijos; ahora en la mayoría de los países europeos comprende también a los padres, hermanos, etc. Derecho que debe corresponder a quien disponga, al menos, de un permiso de residencia en un país europeo, no a los ilegales.
En este año 2025 Alemania ha adoptado esta reforma. Austria y Finlandia, también lo han hecho. Por otro lado, quien pida este reagrupamiento debería demostrar haber ganado un mínimo de ingresos por trabajo durante los anteriores doce meses, sin contar las ayudas sociales. Varios países (como Italia, Dinamarca y Francia) exigen también que el demandante de reagrupamiento familiar disponga de una mínima superficie en su vivienda.
Otras medidas para reducir el número de entradas ilegales
+ Menas (menores no acompañados). Establecer la presunción de mayoría de edad cuando quien se presente como menor se niegue a realizar la prueba radiológica de edad ósea. Esto ya sucede en Finlandia. Por otro lado, en Francia cada menor no acompañado que pasa a la tutela del Estado, cuesta unos 50.000 euros anuales: alojamiento, alimentación, sanidad, educación, formación profesional, etc.
+ Acabar con el asesoramiento jurídico a los inmigrantes ilegales retenidos (en España, en los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE), por parte de las ONGs, haciéndose cargo de aquel asesoramiento un servicio del Estado.
+ Construir un número suficiente de centros de retención de inmigrantes cuya expulsión ya haya sido acordada por los tribunales. En España dichos centros se llaman Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y son vigilados por la Policía Nacional. No habiendo suficiente espacio en dichos centros, los extranjeros con órdenes de expulsión desaparecen en las grandes ciudades, durante años, evitando su expulsión.
Tan sólo hay 7 de estos centros en España, al finalizar 2023, que únicamente acogían a 2.083 inmigrantes con órdenes de expulsión judiciales. En enero de 2017, al poco de haber llegado al poder el político de extrema izquierda Pedro Sánchez (PSOE), todavía había 4 veces más internados en los CIE: 8.814. En conclusión, Pedro Sánchez ha vaciado estos necesarios centros de retención, dejando en la calle a quienes debían ser expulsados del país.
B) Expulsión de quienes permanecen en el país de manera ilegal, delincan gravemente o exalten los actos yihadistas
+ Expulsión tras una decisión judicial denegatoria, de una petición injustificada de asilo político. También, de quienes delincan de modo grave, recibiendo penas de al menos 1 o 2 años de cárcel o que sean reincidentes. Esto incluye a aquellos que participen en graves actos de violencia callejera y contra las fuerzas de orden público.
+ Expulsión de los inmigrantes que, durante un cierto número de años, no hayan tenido prácticamente ningún trabajo, viviendo sólo de ayudas sociales.
+ Internamiento en centros de extranjeros de quienes tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión, para que no se ¨pierdan¨ dentro del país europeo, con la ayuda de ONGs.
+ Expulsar a todo inmigrante -ilegal o no-, seglar o imán, que practique la exaltación de actos terroristas.
+ Las necesarias regularizaciones de los sin papeles (ilegales) que hayan permanecido un mínimo de años en el país europeo, sin haber cometido delitos y que cuenten con experiencia en ciertos tipos de actividades laborales, no deberían ser tan amplias como se vienen haciendo en algunos países, por ejemplo, en España bajo el actual gobierno izquierdista.
+ Privación de la nacionalidad (española o de otros países europeos) y expulsión de los inmigrantes nacionalizados que cometan delitos graves y que tengan doble nacionalidad, para que no se conviertan en apátridas.
+ Los países de origen de inmigrantes ilegales que no cooperen con la expulsión de sus nacionales de un país europeo o que sean pasivos ante las mafias del negocio de introducción ilegal de personas, deberán perder o ver reducidos los fondos de ayuda al desarrollo que estén recibiendo de aquel país europeo como castigo a su irresponsabilidad.
C) Retirar los graves impedimentos del acuerdo CEDH a la expulsión de inmigrantes ilegales y delincuentes
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR, de su nombre inglés) fue adoptado en 1950, a los cinco años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando apenas se producían corrientes migratorias entre los diversos países y las economías europeas comenzaban a recuperar -lentamente- un cierto nivel de actividad.
Los signatarios son actualmente los 46 estados del Consejo de Europa, no solo los 27 de la Unión Europea. Reino Unido, por ejemplo, también está sometido a lo dispuesto en este acuerdo europeo.
En estos pasados años, en Italia, Reino Unido, Francia, Dinamarca y en otros países este Convenio Europeo (CEDH) está obstaculizando enormemente la expulsión de inmigrantes ilegales e, incluso, la expulsión de inmigrantes criminales, privilegiando su supuesta condición de refugiados políticos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), se creó también en 1950 para aplicar el correspondiente Convenio Europeo. Desde hace tiempo, de modo muy frecuente, cuando los jueces nacionales de los países europeos deciden la expulsión de ciertos inmigrantes que, en realidad, no son ¨perseguidos políticos¨-sino emigrantes en busca de trabajo o en busca de ayudas públicas- el Tribunal Europeo se pone de su parte, impidiendo su expulsión fuera de Europa.
En consecuencia, los jueces de los países europeos dejan de dictar muchas sentencias de expulsión, sabiendo que muy seguramente serán invalidadas desde el Tribunal de Estrasburgo.
“Spain is different”
Como desgraciadamente sucede a menudo en España, en esta crítica al CEDH nuestro país está del todo ausente. Dado que el actual gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez (PSOE) es totalmente contrario a efectuar expulsiones de inmigrantes, hagan lo que ellos hagan en España, no se hace visible el impedimento muy real que supone el CEDH.
Pero si un futuro gobierno español de derecha tuviera el coraje de llevar a cabo una actuación responsable en este asunto, chocará de bruces con el obstáculo del CEDH, como está sucediendo en otros muchos países de nuestro entorno.
La imprescindible reforma del Convenio Europeo de los Derechos Humanos … o el abandono de este acuerdo
Desde hace varios años se discute en Francia, Reino Unido, Italia y en otros países europeos la necesidad de modificar este Convenio, que está atando las manos de los tribunales nacionales de varios países para tomar decisiones sobre la expulsión de infinidad de inmigrantes ilegales o de inmigrantes que han delinquido gravemente en el país europeo de acogida.
A mediados de este año 2025, el principal diario de izquierda dura de Francia, Le Monde, titulaba así una de sus crónicas: “Los ataques políticos contra el CEDH se están haciendo más y más directos y existenciales”.
En Reino Unido, la actual dirigente máxima del Partido Conservador británico, la política de origen nigeriano Kemi Badenoch, ha declarado formalmente, ante todos los miembros de su ¨gobierno en la sombra¨, que “sacará a Gran Bretaña del Convenio Europeo CEDH en caso de ganar las próximas elecciones generales”, para poder “proteger nuestras fronteras … y a nuestros ciudadanos”.
Incluso la Secretaria (ministra) de Justicia británica, del Partido Laborista, Shabana Mahmood, este verano “acusó al CEDH de bloquear la deportación de criminales extranjeros”.
En Italia la Primera Ministra Georgia Melloni está impulsando un grupo de 14 países de la UE (la mitad de ellos) para intentar llevar a cabo una reforma parcial del texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en lo relativo a la inmigración. Entre estos países figuran Alemania, Suecia, Dinamarca, Polonia, Austria, Holanda, etc.
D) Exigencias sobre integración para poder permanecer en el país.
+ Un mínimo conocimiento del idioma nacional. Que también se aplicará a quienes quieran beneficiarse del reagrupamiento familiar. En algunos países -como Alemania y otros- el inmigrante debe pagar parte del coste de esta formación.
+ Algunos países europeos -como Dinamarca- exigen que tras una primera formación profesional en los sectores necesitados por el país de acogida, los inmigrantes consigan un contrato de trabajo legal, como demostración de sus verdaderas intenciones.
+ Sería aconsejable la obligatoriedad de que los inmigrantes tengan que seguir una formación cívica, de una cierta extensión, que informe de los valores y del funcionamiento de la sociedad europea de acogida, así como de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
+ Limitación del derecho de suelo o del lugar (¨Ius soli¨), negándosele la nacionalidad del país europeo de acogida a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Europa, a menos que con el tiempo dichos padres adquieran un permiso de residencia legal en el país europeo.
E) Recorte de las ayudas públicas europeas a los inmigrantes legales y mayores recortes a los ilegales. Los ilegales sólo deben recibir la asistencia sanitaria en caso de urgencia y de gravedad extrema, nunca el conjunto de los servicios correspondientes a los nacionales del país de acogida.
Por otro lado, sería conveniente crear un plazo (por ejemplo, de 5 años) para que los inmigrantes puedan acceder plenamente a las ayudas sociales, para la vivienda, la educación de los hijos, etc. Ello, siempre que no hayan delinquido gravemente en los años anteriores.
Retomar el control nacional sobre la inmigración puede requerir reformas constitucionales, referéndums nacionales al efecto o recuperación de competencias cedidas en la actualidad a la Unión Europea
La situación en los diversos países de Europa es diferente y no podemos entrar en detalles sobre cada uno de ellos, pero en términos generales puede decirse que en algunos de ellos -como, por ejemplo, en Francia- será muy conveniente, casi imprescindible, reformar su Constitución.
Además, algunos partidos de la derecha nacionalista, para dar más impulso a sus políticas en este terreno, vienen planteando que las nuevas políticas nacionales en materia de inmigración sean sometidas a un referéndum nacional. De esta manera, además, será más difícil que un nuevo futuro gobierno de la izquierda intente deshacer las políticas de inmigración aprobadas tras el referéndum o por un gobierno de derecha.
Asimismo, varios partidos políticos nacionalistas europeos están estudiando un conjunto de competencias en inmigración que los 27 países de la UE ya han transferido a la Comisión Europea en Bruselas, para que sean devueltas a los Estados nacionales, como parte integrante de su soberanía nacional.
Finalmente, las posibles reformas constitucionales y referéndums de estados de la UE podrían establecer al más alto nivel que en ¨temas fundamentales¨ -como la inmigración- la legislación nacional goce de primacía sobre lo dispuesto en tratados internacionales, como el Tratado de Constitución de la Unión Europea (UE), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y otros.
Otros artículos de mi blog sobre estos asuntos:
La inmigración ilegal está pasando al primer plano de la política en Europa. El buenismo está siendo cuestionado. 11 de octubre de 2023.
Los líderes europeos deciden considerar externalizar la gestión de los asilos de la UE. 20 de octubre de 2024.
El nuevo Gobierno comienza a definir sus conservadoras políticas de inmigración en Francia. 13 de octubre de 2024.
Seria oposición al Pacto Mundial sobre Migración. 8 de diciembre de 2018.
A partir de hoy, 16 de septiembre, Alemania impone controles en sus fronteras para poder hacer frente a la inmigración ilegal y a la amenaza terrorista. 16 de septiembre de 2024.
Georgia Meloni consigue reducir la inmigración ilegal en Italia. Externalización del asilo. 2 de septiembre de 2024.
Francia refuerza sus políticas de inmigración, limitando las “fronteras abiertas”. 26 de diciembre de 2023.
Lampedusa y el actual agravamiento de la crisis migratoria en Europa. 30 de septiembre de 2023.
TOMADO DE Solución de la crisis inmigratoria - A orillas del Potomac
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