El Presidente tiene la autoridad para invocar la Ley de Insurrección

 Gustavo Pardo Valdes

La Ley de Insurrección (conocida en inglés como Insurrection Act) es una ley federal de los Estados Unidos que otorga al Presidente la autoridad de desplegar tropas militares dentro del país para tareas de orden público, en circunstancias muy específicas.

1. ¿Qué es la Ley de Insurrección?

Es un conjunto de estatutos (codificados en el Título 10 del Código de los Estados Unidos, Secciones 251-255) que suspende temporalmente la Ley Posse Comitatus de 1878.

• Propósito principal: Permite al Presidente utilizar las fuerzas armadas regulares de EE. UU. (Ejército, Marina, etc.) para reprimir una insurrección, violencia doméstica, desorden civil o combinación ilegal que impida la aplicación de las leyes federales o prive a los ciudadanos de sus derechos constitucionales, cuando las autoridades estatales no pueden o se niegan a actuar.

• A diferencia de la Ley Marcial: Invocar la Ley de Insurrección no equivale a imponer la ley marcial (donde el gobierno civil es reemplazado por el militar), sino que autoriza al ejército a realizar funciones de orden público en apoyo a las autoridades civiles.

2. Origen

La ley tiene sus raíces en una serie de actos aprobados por el Congreso, siendo la principal la ley aprobada en 1807.

• Origen: La primera ley que le dio esta autoridad al Presidente fue el Calling Forth Act de 1792.

• Ley de 1807: Fue promulgada bajo la presidencia de Thomas Jefferson (Partido Demócrata-Republicano, precursor de los demócratas modernos). Se le considera el estatuto principal que consolidó el poder para usar el ejército para sofocar insurrecciones, violencia o rebeliones.

• Razón original: Fue promulgada en un contexto de tensiones internas, especialmente después de incidentes como la Rebelión del Whiskey, y para responder a la supuesta conspiración de Aaron Burr.

3. Presidentes que la Invocaron y Razón

La Ley ha sido invocada más de 30 veces a lo largo de la historia de EE. UU. por presidentes de ambos partidos. Las invocaciones más notables en el siglo XX y XXI incluyen:

Presidente	Partido Político	Año(s)	Razón Principal
Abraham Lincoln	Republicano	Guerra Civil	Para iniciar acciones militares sin el permiso de los gobernadores secesionistas.
Ulysses S. Grant	Republicano	1870s	Para reprimir las actividades del Ku Klux Klan en el Sur y proteger los derechos de los libertos durante la Reconstrucción.
Dwight D. Eisenhower	Republicano	1957	Para desplegar tropas federales (los "Little Rock Nine") para forzar la desegregación escolar en Little Rock, Arkansas, ante la negativa del gobernador estatal.
John F. Kennedy	Demócrata	1962, 1963	Para forzar la desegregación y proteger los derechos civiles, como la matriculación de James Meredith en la Universidad de Misisipi.
Lyndon B. Johnson	Demócrata	1967, 1968	Para sofocar los disturbios de Detroit (1967) y los disturbios posteriores al asesinato de Martin Luther King Jr. (1968) en varias ciudades.
George H.W. Bush	Republicano	1992	Para sofocar los Disturbios de Los Ángeles después del veredicto del caso Rodney King.

4. Conclusión, La Ley de Insurrección

• Es una ley federal que forma parte del Código de los Estados Unidos y está a disposición del Presidente en funciones, independientemente de su afiliación.

• Históricamente, ha sido utilizada por presidentes del Partido Republicano (como Eisenhower y Bush padre) y del Partido Demócrata (como Kennedy y Johnson). En esencia, es una herramienta presidencial para enfrentar crisis internas graves.

Existe un intenso debate y controversia sobre si el Presidente Trump puede o debe invocar la Ley de Insurrección debido a las protestas actuales, y él ha declarado públicamente que está considerando seriamente usarla.

Aquí está el análisis de la situación:

1. La Posición del Presidente (Discreción Ejecutiva)

El Presidente tiene la facultad legal para invocar la Ley, y ha manifestado su voluntad de hacerlo si considera que la situación lo amerita:

• Amenaza de Invocación: El Presidente ha mencionado en varias ocasiones que, si las autoridades locales (gobernadores o alcaldes) no pueden o no quieren controlar la violencia, la destrucción o el desorden, él la invocará para enviar al ejército federal a las ciudades afectadas.

• Fundamento Legal para la Invocación Unilateral: La Ley tiene secciones que permiten al Presidente enviar tropas incluso sin la petición del gobernador del estado oponiéndose a su voluntad ($\S 252$ y $\S 253$). Esto se aplica en los siguientes casos:

2. El Debate Legal y Político (Oposición)

La posibilidad de invocar la ley en el contexto actual es muy criticada por razones legales y políticas:

• Ausencia de "Insurrección": Muchos críticos, incluyendo expertos legales y gobiernos estatales (particularmente gobernadores demócratas), argumentan que la ley está destinada a crisis que van mucho más allá de las protestas o disturbios (como la Guerra Civil o la resistencia armada a órdenes federales), y que no se cumplen los altos estándares de una "insurrección" o "rebelión" que justifique el uso del ejército federal.

• Oposición Estatal: Varios gobernadores y alcaldes demiócratas se han opuesto al despliegue de tropas federales y han argumentado que sus fuerzas policiales y su Guardia Nacional (bajo control estatal) son suficientes. Históricamente, el uso de la ley en contra de la voluntad de un estado es extremadamente raro (la última vez fue bajo Lyndon B. Johnson en 1965 para proteger a los manifestantes de derechos civiles).

• Ambigüedad de la Ley: Los expertos señalan que la Ley de Insurrección está redactada de manera ambigua, lo que da un poder considerable y amplio al Presidente para determinar cuándo se cumplen las condiciones, pero también puede ser sujeto a impugnación legal inmediata por parte de los estados.

En definitiva, el Presidente tiene la autoridad para invocar la Ley, y ha manifestado su intención de usarla. Sin embargo, dicha invocación probablemente enfrentaría desafíos legales y políticos inmediatos por parte de los estados demiócratas que se oponen al despliegue, lo que llevaría a un litigio judicial sobre si las "protestas" o "disturbios" califican legalmente como una "insurrección" bajo la ley