La "Ley de Dignidad" (DIGNITY Act), promovida por la congresista republicana María Elvira Salazar (R-FL) junto con la congresista demócrata Veronica Escobar (D-TX), es una propuesta de reforma migratoria bipartidista que busca abordar tanto la seguridad fronteriza como ofrecer una solución para los inmigrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos.
La ley se basa en cinco principios principales:
Su objetivo es poner fin a la inmigración ilegal, fortaleciendo significativamente la seguridad fronteriza y aumentando las sanciones contra los traficantes de personas. La Ley propone agilizar la resolución de casos de asilo mediante la contratación de más personal judicial y abordandar las causas profundas de la migración en Centroamérica.
Ademas, ofrece una solución digna para los indocumentados, creando un camino legal para aquellos que ya están establecidos y contribuyen al país, incluyendo disposiciones para garantizar que las empresas, especialmente las estacionales, puedan satisfacer sus necesidades laborales.
El Programa Dignidad
Elegibilidad:
- Debe haber estado presente en EE. UU. desde antes del 31 de diciembre de 2020 (la fecha límite puede variar según la versión).
- No debe tener antecedentes penales.
- Debe pagar todos los impuestos atrasados.
Requisitos del Programa:
- Pagar una restitución de $7,000 en un plazo de siete años.
- Cumplir con todas las leyes federales y estatales.
- Presentarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cada dos años.
Los beneficios Iniciales de este Proyecto Legislativo incluya la autorización de trabajo, la protección contra la deportación y la Autorización de viaje (permite salir y regresar al país).
Es necesario indicar que la Ley no otorga acceso a beneficios federales ni un camino directo a la residencia permanente o la ciudadanía.
Una vez que se completa el programa (incluido el pago de la restitución), el individuo puede solicitar el Estatus de Dignidad, que puede renovarse indefinidamente si se mantiene buena conducta.
La propuesta se presenta como una alternativa al status quo, ofreciendo estatus legal y estabilidad a los indocumentados que cumplen con la ley y contribuyen, pero sin otorgar amnistía o un camino automático a la ciudadanía, que es un punto clave de contención en debates migratorios anteriores.
Lo que el Programa Dignidad NO ofrece:
La Ley no implica el acceso a la Residencia Permanente (Green Card), no obstante, al completar el programa de 7 años y pasar al Estatus de Dignidad, la persona obtiene una presencia legal continua y renovable (similar a un estado de protección) y un permiso de trabajo, pero no es la residencia permanente legal.
Ademas, el estatus no proporciona un camino hacia la naturalización (ciudadania), a diferencia de la mayoría de las categorías de visa o la residencia permanente. Los participantes no tendrían acceso a la mayoría de los beneficios sociales federales basados en bajos recursos y otros factores.
El objetivo del programa es proporcionar:
Protección contra la deportación.
Permiso legal para trabajar.
Capacidad de salir y volver a entrar a EE. UU. (lo cual no tienen los indocumentados).
Si el individuo mantiene la buena conducta y cumple con los requisitos (pagar impuestos y pagar la restitución total de $7,000, según la versión más reciente del proyecto de ley), puede renovar el Estatus de Dignidad de forma indefinida.
En esencia, la Ley Dignidad ofrece estatus legal y estabilidad a largo plazo para aquellos que han vivido en EE. UU. por mucho tiempo y contribuyen a la economía, pero sin la posibilidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses a través de este programa.
➡️ Una excepción importante (Dreamers):
La Ley Dignidad sí crea un camino a la residencia y ciudadanía para los Dreamers (jóvenes que llegaron al país siendo niños), otorgándoles residencia condicional y una vía para ajustarla a residencia permanente basada en estudios, servicio militar o empleo.