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Durante más de seis décadas, la dictadura castrocomunista ha sobrevivido utilizando como armas la escasez, el miedo y el cálculo paciente de que las naciones democráticas acabarían cansándose de sus principios. Ese cálculo se encuentra ahora bajo presión. La política exterior estadounidense sigue considerando el derrocamiento de este régimen como una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, para Occidente y para la propia América Latina. Las pruebas recientes son evidentes: la denuncia directa del presidente Trump ante las Naciones Unidas sobre el papel de La Habana en el fomento de la subversión comunista; el discreto análisis de la Reserva del Ejército sobre la posibilidad de proporcionar al Mando Sur unidades policiales, médicas y de apoyo con poca antelación; y la continua ronda de sanciones del Departamento de Estado dirigidas contra las élites cubanas, los canales financieros y el aparato de extracción de recursos. No se trata de gestos. Son los instrumentos concretos de un juicio estratégico de larga data.
Los exiliados cubanos han respondido de la misma manera. En Miami —la segunda ciudad cubana más grande después de La Habana— se ha reunido una impresionante coalición de líderes empresariales cubano-estadounidenses para anunciar la creación de la Cámara de Comercio Nacional Cubano-Estadounidense y declarar su disposición a financiar la reconstrucción poscomunista de la isla. Su mensaje es claro y bienvenido: la nación en el exilio está dispuesta a correr con los gastos de una Cuba libre. Washington toma nota. El cambio de régimen parece, de repente, más atractivo desde el punto de vista fiscal.
Sin embargo, el atractivo no es lo mismo que la sensatez. La verdad fundamental que tanto el Gobierno estadounidense como la comunidad cubano-estadounidense deben tener presente es la siguiente: en Cuba, el cambio político debe preceder al cambio económico. Bajo un sistema totalitario, ambos no pueden avanzar con seguridad en paralelo durante la fase inicial de la transición. Un orden económico de mercado no crea democracia; opera bajo el orden político que ya existe. China, Vietnam y la Rusia postsoviética son ejemplos que lo recuerdan constantemente. El capital puede fluir, la empresa privada puede prosperar y las mismas estructuras dictatoriales —o sus sucesoras recicladas— pueden seguir firmemente al mando.
El castrismo no es simplemente un conjunto de políticas ineficaces. Es un sistema institucional, epistémico y hegemónico que ha colonizado todas las estructuras formales e informales de la vida cubana. Los tribunales, las universidades, los órganos de seguridad, los medios de comunicación, las organizaciones sindicales e incluso el lenguaje del discurso cotidiano se han moldeado para preservar el monopolio del régimen. Abrir las arcas a la inversión mientras esas estructuras permanecen intactas no liberaría a los cubanos; subvencionaría precisamente el aparato que los ha mantenido cautivos. El resultado no sería una economía de mercado democrática, sino un despotismo híbrido: capitalismo sin libertad, enriquecimiento sin rendición de cuentas y una nueva generación de nomenklatura con trajes diferentes.
Lo primero que se requiere es un período deliberado de justicia transicional. Esto es esencial. Se trata del desarraigo sistemático de la toxicidad que deja tras de sí el totalitarismo: la depuración de las instituciones corrompidas, la recuperación de la verdad histórica, el desmantelamiento de las redes de privilegios y vigilancia, y el establecimiento del Estado de derecho como algo más que un eslogan. Solo tras esa depuración podrá comenzar una auténtica reconstrucción económica sin el riesgo de que el comunismo regrese en una forma reciclada. La ayuda humanitaria de emergencia y las medidas básicas para aliviar el sufrimiento deben llegar de inmediato. Pero los flujos de capital más importantes —la reconstrucción que la riqueza cubano-estadounidense, así como los inversores extranjeros, están dispuestos a financiar— deberían esperar con cautela hasta que se hayan afianzado los cimientos políticos.
La creencia de que el capitalismo por sí solo generará automáticamente la democracia es una ilusión reconfortante que la historia ha refutado repetidamente. Los mercados son instrumentos. Amplifican los propósitos del orden político que los dirige. Cuando ese orden sigue siendo totalitario o incluso una variante autoritaria blanda, los mercados se convierten en herramientas para el enriquecimiento de las élites y la perpetuación del régimen, en lugar de motores de la libertad popular. El propio colapso soviético demostró el coste de una liberalización económica prematura sin una purificación política e institucional paralela: el surgimiento de sucesores oligárquicos y dictatoriales que aún amenazan a la región.
Los exiliados cubanos han conservado, a lo largo de generaciones de exilio, lo mejor de la historia, la cultura y las aspiraciones democráticas de la nación. Ese legado les impone ahora una doble responsabilidad: apoyar la reconstrucción material de la patria y, con mayor urgencia, insistir en que dicha reconstrucción no se convierta en el mecanismo mediante el cual el castrismo sobreviva bajo otro nombre. El Gobierno estadounidense, por su parte, debe resistir la tentación de tratar el capital como un sustituto de la ardua labor de apoyar una auténtica ruptura política y la justicia transicional.
El orden de los pasos es innegociable. Primero, el cambio político. A continuación, la depuración institucional. Solo entonces, toda la fuerza del capital cubano-estadounidense y el compromiso occidental. Si se invierte ese orden, Cuba corre el riesgo de cambiar una forma de cautiverio por otra: más próspera para unos pocos, pero sin libertad para la mayoría, y que seguirá siendo un lastre estratégico para el hemisferio. La oportunidad que se nos presenta es histórica. Desperdiciarla al confundir la inversión con la liberación sería una tragedia de nuestra propia fabricación.
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🖋️Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”), el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de Historia de Cuba en el Exilio.
