Los fiscales federales de Estados Unidos dijeron finalmente en voz alta lo que durante años solo se susurraba: Cilia Flores no era una simple espectadora.
Según la acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York, la entonces primera dama de Venezuela ordenó secuestros, golpizas y asesinatos para proteger la operación de narcotráfico que compartía con Nicolás Maduro. Bandas armadas, control territorial y violencia sistemática: eso es lo que describe el documento judicial.
Pese a no ostentar ningún cargo oficial, Cilia Flores fue durante años una de las figuras más poderosas del país, incluso más influyente que el propio Maduro. Actuaba como garante del sistema de corrupción y narcotráfico del régimen, asegurando la impunidad de su entorno familiar.
Era la figura más intocable del chavismo: una arquitecta del poder en las sombras que sobrevivió a crisis internas y escándalos internacionales. La fiscalía sostiene que aceptó sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico y que manipuló la oficina antidrogas de Venezuela para favorecer esos intereses.
Abogada de formación, Flores se vinculó tempranamente al movimiento bolivariano y fue clave en la defensa legal de Hugo Chávez tras su intento de golpe de Estado en 1992. Esa lealtad la convirtió en una figura de absoluta confianza para el entonces líder insurgente.
Tras la llegada de Chávez al poder, fue electa diputada en el año 2000 y, en 2006, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional. Desde esa posición consolidó el control del Parlamento y comenzó a ubicar a familiares y allegados en puestos estratégicos del Estado, dando forma a una red de poder paralela conocida como la “familia Flores”.
Su relación con Nicolás Maduro, iniciada en los círculos chavistas de los años noventa, se transformó en una alianza política decisiva. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro asumió la presidencia y Flores adoptó el rol de “primera combatiente”: rechazó el título de primera dama, pero ejerció una influencia decisiva en las decisiones de gobierno y en la construcción de lealtades.
Después de la trágica muerte de Gaby Flores, Cilia adoptó a sus sobrinos Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, a quienes crio como hijos y permitió acceder a su círculo íntimo de poder y privilegios.
En 2015, ambos fueron arrestados en Haití por la DEA cuando intentaban transportar 800 kilogramos de cocaína. Durante el juicio en Nueva York, los llamados “narcosobrinos” se referían a Cilia Flores como “mi mamá” y hablaban abiertamente del uso de infraestructura estatal venezolana para mover droga. Aun así, la condena de los sobrinos a 18 años de prisión no afectó el poder de Flores dentro del régimen.
Cuando fue arrestada el 3 de enero, Cilia Flores era reconocida como la principal protectora del entramado de corrupción y narcotráfico del chavismo, la garante de la impunidad familiar y la figura más intocable del sistema.
Flores y Maduro fueron capturados por fuerzas especiales estadounidenses en un operativo militar en Caracas y trasladados a Nueva York para enfrentar los cargos. En su primera comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan, el 5 de enero de 2026, ambos se declararon inocentes.
Actualmente permanece bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras el caso avanza. Se prevé un proceso judicial largo, dada la complejidad de la captura internacional y los retos legales que implica.
Las declaraciones públicas de la fiscalía y la acusación formal consolidan la posición del gobierno de Estados Unidos: Cilia Flores no fue simplemente la esposa de un líder político, sino una participante activa de lo que define como un “gobierno corrupto e ilegítimo” que facilitó el tráfico internacional de drogas.