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Cuba ante las amenazas de Trump: ¿Quiénes podrían participar en una transición?

 POR Gustavo Pardo Valdés 



Cuba se encuentra ante una encrucijada política, económica y social que podría marcar el final de una etapa histórica de más de seis décadas de control del Partido Comunista sobre el Estado y la sociedad. El deterioro de la economía, la pérdida de confianza en las instituciones, el descontento popular, la emigración masiva y el agotamiento del modelo político han colocado al régimen frente a una realidad cada vez más difícil de sostener.

En este contexto, las recientes declaraciones y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump han vuelto a situar el futuro de Cuba en el centro del debate internacional. La posibilidad de una mayor presión económica, diplomática e incluso militar plantea interrogantes sobre la capacidad de resistencia del Gobierno cubano y sobre la eventual aparición de sectores dentro del propio aparato de poder dispuestos a negociar una salida política.

Pero existe una pregunta que merece especial atención: ¿quiénes, dentro de las estructuras militares, económicas y políticas del régimen, podrían participar en una eventual transición democrática?

No debemos asumir que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Partido Comunista o de las instituciones estatales comparten necesariamente los mismos intereses, aspiraciones y criterios sobre el futuro del país. Dentro de esas estructuras pueden existir diferencias generacionales, profesionales, económicas y políticas que, llegado el momento, podrían influir en la evolución de los acontecimientos.

La familia Castro, los altos mandos militares, los responsables del conglomerado empresarial GAESA y determinados funcionarios civiles constituyen sectores cuya posición resultaría determinante ante cualquier escenario de transformación. Sin embargo, conviene diferenciar entre quienes podrían aceptar reformas para preservar sus posiciones, quienes defenderían la continuidad del sistema y quienes eventualmente estarían dispuestos a colaborar con una apertura política verdadera.

Esta distinción es fundamental. Una reforma económica no equivale a una democratización, como tampoco la disposición a negociar con Washington significa necesariamente aceptar el pluralismo político, la libertad de asociación, la legalización de partidos independientes o la celebración de elecciones libres.

Por otra parte, una eventual transición no debería convertirse en un simple acuerdo entre Washington y representantes del actual poder cubano. Tampoco podría quedar exclusivamente en manos de los dirigentes de la oposición, muchos de los cuales todavía enfrentan dificultades para articular una alternativa política nacional con reconocimiento y respaldo suficientes dentro de la isla.

El desafío consiste en construir un proceso que incorpore a la sociedad civil, los sectores democráticos del exilio, los representantes de la oposición interna y aquellos funcionarios, militares y profesionales del propio sistema que estén dispuestos a aceptar las reglas de una nueva convivencia democrática.

La cuestión no es determinar quién debe conservar el poder, sino establecer quiénes estarían dispuestos a renunciar a su monopolio político y contribuir a devolverle al pueblo cubano el derecho de decidir libremente su futuro.

Este análisis pretende identificar a los principales actores que podrían influir en ese proceso, examinar sus posiciones públicas, sus relaciones con las estructuras de poder y sus posibles intereses ante un cambio político. También busca responder una interrogante esencial: ¿puede surgir desde dentro del propio régimen una corriente dispuesta a facilitar una transición democrática, o será necesaria una ruptura profunda de las actuales estructuras de autoridad?

El futuro de Cuba no debería decidirse mediante una sucesión de dirigentes ni mediante un pacto de continuidad entre las élites. Una verdadera transición tendría que conducir a un Estado de derecho, con instituciones independientes, pluralismo político, libertades individuales y elecciones libres.

Porque el verdadero cambio no consistirá simplemente en sustituir a quienes gobiernan Cuba, sino en transformar las condiciones que les han permitido gobernar sin el consentimiento libre de sus ciudadanos.

¿Quiénes podrían ser los interlocutores dentro del poder cubano?

Aquí entramos en una cuestión mucho más compleja. No sería correcto identificar automáticamente a un militar o funcionario como moderado por ocupar un cargo importante, tener formación profesional o mantener contactos con el extranjero.

Tampoco conocemos las posiciones privadas de los principales dirigentes cubanos respecto a una transición democrática. No obstante, podemos identificar algunas figuras y estructuras cuya posición institucional podría resultar relevante.

Personas vinculadas a la familia Castro

- Óscar Pérez-Oliva Fraga

Sobrino nieto de Raúl Castro. Ha ocupado responsabilidades económicas y gubernamentales, entre ellas la cartera de Comercio Exterior y la vicepresidencia del Gobierno.

Es una figura de interés porque algunos analistas lo describen como un tecnócrata con mayor disposición potencial a las reformas económicas.

Lo que no sabemos: si estaría dispuesto a aceptar pluralismo político, elecciones libres y separación de poderes.

- Raúl Guillermo Rodríguez Castro

Nieto de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo».

Su importancia no procede de ocupar un cargo público de primer nivel, sino de su cercanía personal con Raúl Castro y de las informaciones sobre su participación como interlocutor en contactos con representantes estadounidenses.

Podría tener relevancia en una negociación entre sectores del poder y Washington.

Pero una cosa es facilitar conversaciones y otra muy distinta respaldar una democratización.

- Alejandro Castro Espín

Hijo de Raúl Castro y figura vinculada a los servicios de seguridad e inteligencia.

Su nombre ha aparecido en informaciones sobre contactos relacionados con el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Su eventual papel sería más bien el de un interlocutor del núcleo histórico del poder, no el de un reformista democrático públicamente identificado.

Estas tres figuras merecen seguimiento, pero no hay evidencia suficiente para calificarlas como demócratas o dirigentes moderados.

El sector militar: las Fuerzas Armadas y GAESA

Este es probablemente el componente más importante de cualquier negociación sobre el futuro de Cuba. Las FAR no son solamente una institución militar. Su vinculación con la economía, las empresas estatales y las estructuras de poder les proporciona una influencia que va mucho más allá de la defensa nacional.

El conglomerado GAESA es particularmente importante. Controla negocios relacionados con hoteles, banca, comercio, puertos y otros sectores económicos. Su antiguo responsable, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, falleció en 2022. Su sucesora en la estructura empresarial ha sido Ania Guillermina Lastres Morena.

Hay que distinguir tres grupos:

a. Los mandos profesionales de las FAR: oficiales cuya prioridad institucional podría ser preservar la integridad territorial, evitar una guerra civil y garantizar la estabilidad del país.

b. Los responsables del complejo empresarial militar: sectores cuyos intereses económicos podrían verse afectados por una transformación política.

c. Los mandos vinculados a la seguridad del Estado: estructuras que tendrían que decidir si mantienen la represión o aceptan garantías institucionales para una nueva etapa.

No tenemos pruebas suficientes para señalar a generales concretos como partidarios de una transición democrática. Sería irresponsable atribuirles posiciones que no han expresado públicamente.

Pero hay una distinción fundamental: no todos los militares tienen necesariamente los mismos intereses que los dirigentes políticos y económicos que controlan el país.

Esta cuestión también aparece en los estudios de Laura Tedesco y Rut Diamint sobre las posibilidades de una negociación con las FAR y la transformación del poder económico de GAESA.

Funcionarios civiles que podrían desempeñar un papel

- Josefina Vidal Ferreiro

Diplomática con experiencia en las relaciones con Estados Unidos. Ha participado en etapas anteriores de acercamiento bilateral.

Su experiencia negociadora podría hacerla relevante en conversaciones sobre una transformación institucional, aunque sus declaraciones públicas no permiten identificarla como partidaria de una transición democrática.

Su perfil representa una diferencia importante entre los funcionarios políticos tradicionales y los cuadros con experiencia diplomática y económica.

¿Qué condiciones podrían llevar a militares y dirigentes del PCC a colaborar?

Considero que aquí se encuentra uno de los puntos más importantes de cualquier proyecto de transición cubana. Un militar o funcionario del Partido Comunista podría aceptar una transformación política por diferentes razones: 

- Reconocer que el modelo económico actual no puede sostenerse.

- Comprender que la continuidad del sistema puede conducir a una crisis institucional.- Querer evitar una intervención militar extranjera.

-Buscar garantías personales y familiares dentro de un proceso legal.

- Entender que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus funciones constitucionales y abandonar la administración económica. Sin embargo, hay que establecer una diferencia entre garantizar derechos y ofrecer impunidad.

Una transición democrática debe contemplar garantías jurídicas, debido proceso y seguridad personal para quienes no hayan cometido delitos. Las responsabilidades por violaciones de derechos humanos deben investigarse conforme a la ley.

El futuro de Cuba no puede quedar en manos de sus actuales estructuras de poder

La eventual transición democrática cubana plantea un desafío que va mucho más allá de la salida de los actuales dirigentes o de un posible entendimiento entre Washington y determinados representantes del Gobierno de La Habana. El verdadero problema consiste en desmontar un sistema de poder que durante décadas ha concentrado en el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y sus estructuras económicas el control de las instituciones, los recursos y las decisiones fundamentales del país.

En ese proceso, los militares, los funcionarios del PCC y los responsables del aparato económico estatal podrían desempeñar un papel importante. No sería razonable descartar de antemano la participación de aquellos que, por convicción o por comprensión de la realidad nacional, estuvieran dispuestos a facilitar una transformación política. Sin embargo, tampoco sería prudente confundir sus posibles intereses de supervivencia institucional con una auténtica voluntad de democratización.

La experiencia internacional demuestra que algunas transiciones han podido desarrollarse mediante acuerdos entre sectores del antiguo poder y representantes de las fuerzas democráticas. Pero esos acuerdos solamente adquieren legitimidad cuando conducen a la apertura política, al reconocimiento de los derechos ciudadanos y a la celebración de elecciones libres. La estabilidad no puede convertirse en una justificación para perpetuar privilegios ni para sustituir una autoridad autoritaria por otra.

El exilio puede aportar experiencia, recursos, conocimientos y apoyo internacional, pero no debe pretender sustituir la voluntad de quienes viven en Cuba y padecen directamente las consecuencias del sistema político actual.

En definitiva, una transición democrática necesitará interlocutores dentro del poder, pero también representantes legítimos de la ciudadanía, instituciones independientes y garantías para todos los cubanos. Los militares deberán comprender que su misión no es determinar el destino político de la nación; los funcionarios del PCC tendrán que aceptar que ninguna organización puede conservar indefinidamente el monopolio de la representación nacional; y la oposición deberá demostrar que está preparada para asumir responsabilidades de gobierno bajo principios democráticos.

Cuba necesita algo más que un cambio de dirigentes: necesita un cambio de sistema, de cultura política y de concepción del poder.


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