No hay excusa: el gobierno dividido y la liberación de Cuba
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A los cubanos que aún sueñan con la libertad, que han soportado la larga noche del castrismo-comunismo y observan a Washington con una mezcla de esperanza y escepticismo ganado a pulso: los resultados de las elecciones de mitad de legislatura no cierran la puerta. Simplemente confirman un viejo patrón estadounidense. El gobierno dividido no es una crisis excepcional ni una aberración constitucional. Es una característica recurrente, incluso distintiva, del sistema estadounidense: la consecuencia previsible de la separación de poderes y de las elecciones independientes al Congreso. Un presidente que debe gobernar sin tener el control total del poder legislativo no queda incapacitado. La historia demuestra que sigue siendo plenamente capaz de tomar medidas decisivas, especialmente en política exterior y seguridad nacional, ámbitos que la Constitución atribuye claramente al poder ejecutivo.
Las cifras son inequívocas. Entre 1856 y 2006, el control partidista dividido existió durante 62 de los 150 años —aproximadamente el 41 % del tiempo—. En la posguerra, esta tendencia se intensificó: entre 1946 y 2006, el gobierno dividido prevaleció durante 36 de los 60 años, lo que supone un sólido 60 %. De 1969 a 2017, siete de los ocho presidentes vivieron períodos en los que la oposición controlaba una o ambas cámaras. Entre 1969 y 2003, el gobierno unificado duró solo seis años y cuatro meses y medio. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno dividido se convirtió en la norma establecida, no en la excepción. Los estadounidenses han vivido bajo este sistema durante generaciones sin que la república se haya derrumbado ni la presidencia se haya convertido en una nulidad.
Ninguna figura ilustra esta verdad con más fuerza que Ronald Reagan. El líder mundial que más contribuyó al colapso del comunismo soviético gobernó durante ocho años con el Partido Demócrata, ejerciendo un control firme sobre la Cámara de Representantes. Eso no le detuvo. Puso en práctica la Doctrina Reagan: financiando, entrenando y proporcionando apoyo militar y logístico a la resistencia nicaragüense que luchaba contra el régimen marxista sandinista; sosteniendo al gobierno democrático de El Salvador frente a una insurgencia comunista; liberando Granada; ayudando a los gobiernos democráticos de todo el continente americano; creando Radio Martí para romper el monopolio informativo del castrocomunismo; apoyando a Jonas Savimbi en Angola; y prestando un apoyo generoso a las fuerzas anticomunistas de Europa del Este que contribuyeron a derribar el Muro de Berlín. No se trataba de gestos simbólicos, sino de instrumentos concretos de presión que aceleraron el desmoronamiento de un imperio totalitario. Reagan los logró a pesar de enfrentarse a una Cámara de Representantes muy hostil. La lección es clara: cuando lo que está en juego es la seguridad nacional y la defensa de los pueblos libres, el poder ejecutivo conserva tanto la autoridad como la capacidad para actuar.
La política exterior, especialmente cuando está en juego la seguridad nacional, es competencia de la presidencia. La Constitución confiere al presidente las facultades de comandante en jefe, la dirección de la diplomacia y el reconocimiento de gobiernos extranjeros. El Congreso controla el presupuesto y tiene la potestad de declarar la guerra, pero la dirección cotidiana de la estrategia, el ajuste de la presión y la sincronización de las operaciones siguen siendo responsabilidades del poder ejecutivo. La historia no trata a un presidente que carece de mayoría en el Congreso como a un simple «guardián». Lo trata como al funcionario que sigue encargado de defender los intereses de la nación y los de sus aliados.
Esa realidad tiene implicaciones inmediatas para Cuba. El cambio de régimen en la isla se ha de producir ahora en un plazo más reducido. Los dos años que le quedan a la Administración no contarán con el apoyo legislativo que podría haber existido anteriormente. Si se quiere que los objetivos de expulsar la influencia china y rusa de las Américas, y de privar a las redes terroristas y subversivas internas de Estados Unidos de su aliado externo más fiable —el régimen castrista— sigan teniendo sentido, se requiere una acción audaz. Las medias tintas y las negociaciones prolongadas no serán suficientes.
El camino a seguir está claro. En primer lugar, iniciar operaciones militares quirúrgicas cuidadosamente dirigidas para neutralizar las bases militares y de inteligencia cubanas lo antes posible —preferiblemente antes de que se reúna el 120.º Congreso el 3 de enero de 2027—. En segundo lugar, proceder a la incautación de los activos de GAESA depositados en bancos panameños y europeos, golpeando así el corazón económico del aparato de seguridad del régimen. En tercer lugar, desclasificar y hacer públicas las pruebas acumuladas de la participación de Cuba comunista en el tráfico internacional de drogas. Ese historial proporciona la justificación pública para adoptar medidas resueltas. En cuarto lugar, abandonar la ficción de que seguir negociando con La Habana producirá avances significativos para la libertad y la democracia en la isla. Décadas de conversaciones de este tipo solo han traído retrasos y el sufrimiento continuado del pueblo cubano.
El presidente Trump tiene la oportunidad de forjar un legado trascendental: un hemisferio más seguro, un mundo más libre de los últimos reductos del totalitarismo del siglo XX. Cuba sigue siendo el más obstinado de esos reductos: una plataforma de inteligencia y logística para los adversarios, una fuente de subversión entrenada y un monumento viviente al fracaso de los experimentos marxistas. Actuar ahora no requiere el consentimiento previo de un Congreso recién elegido. Requiere la misma claridad de propósito que Reagan demostró cuando la Cámara de Representantes estaba en manos de los demócratas. El sistema constitucional estadounidense fue diseñado precisamente para permitir esto: un ejecutivo enérgico capaz de defender los intereses nacionales incluso cuando el poder legislativo está dividido o se opone.
Los cubanos que aún albergan esperanzas de libertad deberían, por tanto, animarse. El resultado de las elecciones de mitad de término no anula la capacidad ni la responsabilidad estadounidenses. Simplemente devuelve al país a una situación familiar —una en la que presidentes de ambos partidos han impulsado anteriormente la causa de la libertad frente a enemigos decididos—. El momento de actuar respecto a Cuba no es después del próximo ciclo electoral. Es ahora, mientras los instrumentos del poder ejecutivo siguen estando disponibles y mientras la ventana estratégica, por muy estrecha que sea, permanece abierta. Una Cuba más libre no solo supondría el fin de una larga dictadura, sino también una contribución decisiva a un hemisferio occidental más seguro. Ese logro sigue estando a nuestro alcance.
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Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”), el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de Historia de Cuba en el Exilio.
