¿QUIÉN REPRESENTA AL PUEBLO CUBANO Y QUIÉN TIENE DERECHO A GOBERNAR DESPUES DEL CASTRISMO? (PARTE I)
POR Gustavo Pardo Valdés
El futuro democrático de Cuba no puede quedar en manos de quienes se autoproclaman representantes de la nación, ni ser decidido exclusivamente por los actuales dirigentes opositores, las organizaciones del exilio o los sectores que hoy controlan el poder. La legitimidad de un nuevo Gobierno tendrá que proceder de la voluntad libre de los ciudadanos cubanos.
Hablar de una transición democrática en Cuba obliga a abordar una cuestión que, durante demasiado tiempo, ha quedado relegada a un segundo plano: ¿quién tiene autoridad para hablar en nombre del pueblo cubano y quién está legitimado para conducir el país después del actual sistema político?
Durante décadas, el Partido Comunista ha ejercido el monopolio institucional de la representación política. La Constitución de 2019 establece en su artículo 5 que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente "superior" de la sociedad y del Estado. En ese modelo, la legitimidad del poder no procede de una competencia política abierta entre diferentes organizaciones, sino de la estructura institucional establecida por el propio sistema.
La oposición ha cuestionado ese monopolio, reclamando pluralismo, elecciones libres y reconocimiento de los derechos políticos. Sin embargo, existe una contradicción que merece examinarse: denunciar la falta de representación democrática no significa adquirir automáticamente el derecho a representar a quienes no se ha otorgado ese mandato. Este es uno de los grandes desafíos de la necesaria transición cubana.
La desaparición del actual sistema político, por sí sola, no resolvería el problema de la representación, más bien, podría abrir una nueva etapa de incertidumbre en el caso de no existier mecanismos capaces de determinar quién puede gobernar, bajo qué autoridad y con qué controles ciudadanos. La transición debe comenzar, por tanto, con una pregunta esencial: ¿cómo convertir a una sociedad que ha vivido durante décadas bajo el control de la familia castro y sus acólitos en una comunidad de ciudadanos con capacidad real para decidir su futuro?
En una democracia, la representación política tiene un origen concreto: la voluntad de los ciudadanos expresada mediante procedimientos libres, competitivos y verificables. Nadie representa legítimamente a una nación por el simple hecho de haber combatido a un Gobierno, haber sufrido prisión política, vivir en el exilio o disponer de reconocimiento internacional. Esas circunstancias pueden acreditar una trayectoria de compromiso político, pero no equivalen a un mandato electoral.
Esta distinción es particularmente importante en Cuba, dado que la oposición ha desarrollado su actividad en condiciones de represión, sin acceso equitativo a los medios de comunicación ni posibilidades reales de competir electoralmente. Al respecto, Freedom House clasifica a Cuba como un país sin libertades políticas, destacando la ausencia de pluralismo y de elecciones nacionales libres y competitivas. Por consiguiente, tampoco existen condiciones para medir con rigor la representación popular de las distintas organizaciones opositoras.
Por otra parte, el informe BTI 2026 reconoce que el descontento con el sistema político parece muy extendido, pero advierte que no existen datos suficientes para determinarlo con precisión. También señala las limitaciones organizativas de la oposición. Esto conduce a una conclusión importante: la legitimidad democrática de los futuros gobernantes tendrá que construirse mediante un proceso que permita a los cubanos elegir libremente entre diferentes alternativas.
La sociedad cubana: el verdadero sujeto de la transición
Durante mucho tiempo, el debate sobre el futuro de Cuba ha estado concentrado en tres actores: el Gobierno, la oposición y el exilio. Sin embargo, existe un cuarto protagonista que debería ocupar el centro de cualquier proyecto de transformación: la sociedad cubana. Efectivamente, los ciudadanos que permanecen en la isla no pueden ser considerados simples espectadores de una negociación política entre los actores antes mencionados, dado que son ellos quienes han soportado las consecuencias de la crisis económica, la emigración familiar, el deterioro de los servicios públicos, la falta de oportunidades y las restricciones de sus derechos.
Una encuesta nacional divulgada por el International Republican Institute el 13 de noviembre de 2026 aporta información relevante: el 89 % de los encuestados consideró que el Gobierno no los representa y el 86 % opinó que el país marcha en dirección equivocada. Estas cifras reflejan percepciones sobre el Gobierno y el rumbo nacional, pero no demuestran respaldo a una organización opositora determinada. La diferencia es fundamental. El rechazo a un Gobierno no constituye automáticamente apoyo a una alternativa política específica. Por eso, la transición debe ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de participar, organizarse, debatir y elegir sin presiones ni condicionamientos.
Continúa en la Parte II
Referencias y lecturas recomendadas
1. Constitución de la República de Cuba (2019). Artículos 3 y 5, sobre soberanía y papel del Partido Comunista. Consultar texto constitucional.
2. Freedom House (2026). Freedom in the World: Cuba. Informe sobre libertades políticas.
3. Bertelsmann Stiftung (2026). BTI Country Report: Cuba. Análisis de la transformación política cubana.
4. Human Rights Watch (2026). Informe Mundial: Cuba. Situación de los derechos humanos.
5. International Republican Institute (13 de noviembre de 2026). Encuesta nacional sobre las percepciones políticas de los cubanos. Resultados de la encuesta.
6. Alina B. López Hernández (octubre de 2026). Cubans Are Leading from the Inside. Journal of Democracy. Leer artículo.
7. CiberCuba (22 de agosto de 2026). De la transición al gobierno: qué propone la sociedad civil para mantener Cuba en pie durante el cambio. Leer investigación.
8. Cuba Próxima. Propuestas sobre apertura política y transición institucional. Consultar organización.
