Internet y los Derechos Humanos
Informe de la Internet Society Las políticas públicas relacionadas con Internet, las decisiones corporativas y las elecciones técnicas y referentes al desarrollo influyen en el grado en que Internet apoya o desafía los derechos humanos fundamentales. Defender la confianza, los principios para una Internet abierta y el diálogo entre las partes interesadas son maneras críticas de promover el papel de Internet en apoyo a los derechos humanos.
Introducción
Internet es un potente facilitador de los derechos humanos. Como medio de comunicación, las libertades que alienta Internet para expresar ideas, conectarse y asociarse con otros y ejercer nuestra creatividad humana e innovación no tienen precedentes. Estas libertades constituyen elementos básicos de la autonomía personal, la dignidad y los derechos humanos básicos.
El acceso a Internet está creciendo de manera constante en todo el mundo y se está afianzando en todos los aspectos de nuestras vidas. Para más de tres millones de personas que tienen acceso en línea, Internet impacta directamente su capacidad de acceder a noticias e información, al discurso político, a la religión y la cultura, a los mercados, al comercio y a las bibliotecas de conocimiento. Es importante mantener y continuar fomentando el acceso ahora que más y más personas se conectan a Internet cada día, haciéndolo de una manera que apoye los derechos humanos.
En este contexto, así como las naciones están acogiendo los beneficios que el acceso libre y abierto a Internet y las comunicaciones pueden aportar a la vida de sus ciudadanos, también deben proteger a sus ciudadanos de las amenazas y las actividades ilegales que se producen en línea. Esta no es una tarea sencilla. Por la propia naturaleza de Internet, existen complejas interdependencias que deben ser evaluadas para preservar exitosamente los derechos humanos básicos y a la vez hacer frente a cuestiones de interés público legítimo.
La Internet Society cree que la confianza y el respeto por las libertades individuales, tanto en línea como desconectados, son elementos esenciales para lograr el desarrollo humano, económico y social. En última instancia, depende de todos nosotros —gobiernos, organizaciones comerciales y civiles, y ciudadanos— asegurar que el Internet satisfaga esta visión
Consideraciones clave
Una arquitectura que soporte la expresión sin fronteras
Aunque los primeros arquitectos del Internet, no lo concibieron específicamente como una herramienta para la promoción de los derechos humanos, los principios incorporados en su diseño encarnan una visión de comunicaciones de extremo a extremo y sin fronteras. A pesar de que fue escrito un cuarto de siglo antes de la invención del protocolo de Internet, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (la libertad de compartir, recibir y difundir información e ideas a través de las fronteras) casi podría leerse como una definición de Internet.
Los principios clave que sustentan la arquitectura de Internet deben ser preservados para que Internet apoye aún más las libertades en línea. Por ejemplo, la naturaleza descentralizada y de extremo a extremo de la red empodera a los bordes. Esto significa que los usuarios finales — es decir, aquellos que se encuentran dispersos en los bordes de una red de redes global — pueden compartir información e ideas a través de las fronteras y sin una autoridad central a nivel de la arquitectura. Si bien, esto ha beneficiado el crecimiento de Internet, la realidad es que hay gobiernos e intermediarios de Internet (tales como los proveedores de servicios de Internet y las plataformas de los medios sociales) que pueden intervenir y limitar la circulación de información. En ocasiones, estos actores implementan restricciones o controles sobre el contenido que se aplican a determinados flujos de datos transfronterizos.
La tecnología también juega un papel al facilitar el avance de los derechos humanos. Construyendo sobre iniciativas de estándares abiertos de Internet, 1 personas y organizaciones alrededor del mundo continuamente desarrollan nuevas tecnologías y aplicaciones que permiten el ejercicio de libertades básicas, tales como el acceso y el intercambio de información (por ejemplo, correo electrónico, voz sobre IP (VoIP), mensajería instantánea, video, blogs), la libertad de asociación pacífica (por ejemplo, redes sociales, foros) y el acceso al conocimiento y contenidos culturales (por ejemplo, Wikipedia). Encontrando un nuevo equilibrio para los derechos en línea Cada nueva tecnología de comunicación exige que repensemos el delicado equilibrio entre los derechos fundamentales y las necesidades de los estados en la consecución de sus objetivos de política pública. Las características únicas de Internet han ampliado la capacidad y los medios para hablar, crear, innovar y asociarse, dando lugar a nuevas dinámicas entre la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad.
Aunque en general se acepta que —en determinadas circunstancias— los derechos individuales pueden ceder su prioridad ante cuestiones de interés público (por ejemplo, aplicación de la ley, seguridad pública), hay otros factores que se deben respetar. Antes de justificar un nivel más bajo de protección es necesario determinar la necesidad, legitimidad, proporcionalidad y equidad de una situación. La negación de los derechos individuales de los usuarios no se puede justificar por medio de afirmaciones vagas o que no estén claramente especificadas sobre seguridad nacional ni sobre el uso no corroborado del poder de policía para la supuesta seguridad de las personas.
Como ejemplo actual de ello, podemos mencionar las discusiones que se están dando con la intención de restringir o debilitar las tecnologías de cifrado con el argumento de que podrían ser utilizadas para llevar a cabo actividades perjudiciales. Más allá de que estos enfoques pudieran o no ser eficaces, estas propuestas plantean problemas específicos, como por ejemplo si los beneficios de debilitar el cifrado para todos los usuarios de Internet son mayores que los riesgos que plantean estos enfoques. Creemos que el debilitamiento de las comunicaciones seguras podría afectar las transacciones financieras, el comercio electrónico y la expresión anónima en entornos complejos. En definitiva, estos efectos dañarían la confianza que los usuarios de Internet depositan en la red. Al proponer o implementar medidas de política pública se deben considerar potenciales efectos intimidatorios.
La Internet Society cree que la seguridad no debe buscarse a expensas de los derechos individuales. En un contexto donde existe una creciente demanda de dejar de lado la mentalidad que asume que existe un compromiso entre la seguridad y las libertades en línea (en otras palabras, abandonar la idea de que más seguridad implica menos libertades y vice versa), debemos considerar cuáles son las formas en que se puede lograr seguridad sin riesgos desproporcionados a la libertad de expresión o la privacidad en línea. Principios tendientes a ese fin son incluidos en nuestro enfoque de Seguridad Colaborativa.
Desafíos
Los formuladores de políticas, legisladores y reguladores alrededor del mundo quieren combatir las actividades ilegales en Internet, tales como la pornografía infantil, el terrorismo, infracciones de propiedad intelectual, entre otros. La Internet Society está de acuerdo en que estos son temas críticos que deben ser abordados, pero también creemos que las soluciones propuestas no deben socavar la arquitectura global de Internet ni restringir los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Desafortunadamente, el grado de libertad en Internet ha sido bastante volátil. De acuerdo con el informe Libertad en la Red 2015 publicado por Freedom House, 3 una cantidad creciente de países está utilizando tecnologías de monitoreo y prácticas de censura en línea que son más agresivas y más sofisticadas en cuanto a su enfoque en los usuarios individuales.
Estos son algunos de los principales desafíos en la intersección de Internet y los derechos humanos:
> Filtrado y bloqueo de contenido. En los últimos años, tanto países democráticos como autoritarios han promulgado leyes que empoderan a diferentes agencias del gobierno a castigar la disidencia en línea o bloquear el acceso a contenidos o servicios en línea, generalmente bajo el pretexto de la seguridad nacional. Por ejemplo, políticas y regulaciones que requieren interrumpir la infraestructura del sistema de nombres de dominio (DNS), ya sea filtrando los resultados o mediante el aseguramiento de nombres de dominio, tienen graves deficiencias. Por lo general, estas técnicas no resuelven el problema, interfieren con los flujos de datos y los servicios transfronterizos y socavan a Internet como una red mundial de comunicaciones única y unificada. El filtrado del DNS y el aseguramiento de dominios plantean preocupaciones con respecto a los derechos humanos y la libertad de expresión y a menudo restringen los principios internacionales del estado de derecho y el debido proceso. Estos impactos negativos sobrepasan en mucho a cualquier beneficio legal o comercial a corto plazo.
Alentamos la colaboración técnica y en materia de política pública para identificar soluciones que se basen en la cooperación internacional, que no dañen la estabilidad y la interoperabilidad global de Internet y que respeten todos los derechos humanos. >
Restricción o debilitamiento de las tecnologías de cifrado. Una de las principales formas en que las personas pueden proteger sus datos ya sea en la nube, en un disco duro o en tránsito, es utilizando tecnología de cifrado. El cifrado es el proceso que consiste en codificar los mensajes de modo que solo las personas autorizadas para visualizarlos puedan hacerlo.
A pesar del papel favorable del cifrado en la protección de nuestra privacidad y libertad de expresión, muchos gobiernos —entre ellos algunos firmes defensores de una Internet abierta— han realizado declaraciones públicas sobre la necesidad de restringir el uso del cifrado de modo que quienes se dedican a actividades ilegales no puedan esconderse de la ley. Otras propuestas buscan que los gobiernos tengan acceso especial al material cifrado con el fin de monitorear a quien deseen y cuando así lo decidan en el contexto de los objetivos de seguridad. Si bien el interés de los gobiernos puede ser la prevención del delito, es probable que dichos enfoques sean ineficaces. También es probable que disminuyan la confianza en Internet entre la gran mayoría de sus usuarios.
La Internet Society es un firme defensor del anonimato y el cifrado generalizado de extremo a extremo.4 Creemos que las personas deben tener la capacidad de comunicarse a través de Internet de forma confidencial y anónima. Sabemos que esta aspiración implica un conjunto de dificultades técnicas, económicas y de política pública, y que para encontrar soluciones adecuadas a estas cuestiones se necesita un mayor diálogo entre las partes interesadas.
> Responsabilidad de los intermediarios de Internet. Los intermediarios de Internet —aquellos servicios que median las comunicaciones en línea y permiten diversas formas de expresión, tales como los motores de búsqueda, las redes sociales y los proveedores de servicios de Internet— han recibido un número creciente de solicitudes e interdictos pidiendo la eliminación de contenido de sus plataformas. Los intermediarios de Internet a menudo operan a través de una variedad de jurisdicciones, pero los gobiernos esperan que cumplan con leyes nacionales que, a su vez, se ajustan en diferente medida a las normas internacionales sobre derechos humanos. Hay muchos casos en los que un discurso puede ser considerado aceptable de acuerdo con ciertas leyes nacionales y sin embargo puede estar prohibido en virtud de otras. Hacer frente a estas diferencias a nivel global no es tarea fácil y requiere cooperación y diálogo.
Las políticas que rigen la responsabilidad legal de los intermediarios con respecto al contenido de las comunicaciones impactan los derechos de los usuarios, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad. Los gobiernos deben asegurarse de que los regímenes de responsabilidad permitan que las empresas respeten los derechos de sus usuarios. Principios como la transparencia, proporcionalidad, debido proceso y responsabilidad, deben sustentar todas las políticas relacionada con este las solicitudes de contenido
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