La insuficiencia de las sanciones

Julio M. Shiling

Estados Unidos ha identificado acertadamente el castrocomunismo como una amenaza persistente para su seguridad nacional. El informe del Departamento de Estado del 20 de julio de 2026, Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, documenta la campaña de décadas de programación de subversión, guerra ideológica, espionaje y apoyo a movimientos radicales tanto en el extranjero como dentro del territorio estadounidense. Esta evaluación concuerda con los objetivos estratégicos más amplios establecidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025, que da prioridad a recuperar la influencia en el hemisferio occidental y a impedir que potencias externas hostiles se afiancen cerca de las costas estadounidenses. Derrocar el sistema comunista cubano es, por lo tanto, esencial para esos objetivos a largo plazo. El castrismo debe acabar, y su eliminación total es tanto un bien moral como una necesidad estratégica.

Al servicio de ese objetivo, la Administración Trump ha llevado a cabo una campaña constante de sanciones selectivas. Estas medidas han afectado a empresas estatales propiedad del régimen, a organizaciones fachada del Partido Comunista de Cuba implicadas en la agitación nacional e internacional, y a miembros individuales de la élite dictatorial y sus familias. El último paquete de medidas, anunciado el 20 de agosto bajo el título «Ley de imposición de sanciones a actores del régimen cubano asociados con redes subversivas marxistas y transacciones económicas corruptas», continúa con esta presión calibrada. Dichas sanciones son moralmente sostenibles, éticamente loables y tácticamente necesarias. Privan al régimen de los recursos que utiliza para reprimir a su propia población, mantener un amplio aparato de vigilancia y proyectar su influencia hacia el exterior. Dejan claro que Estados Unidos ya no tolerará una dictadura marxista hostil a noventa millas de su costa.

Sin embargo, las sanciones por sí solas no provocarán la caída de la dictadura castrocomunista. El régimen lleva más de tres décadas perfeccionando métodos para eludir las restricciones estadounidenses y el embargo en general. A través de GAESA y de entidades comerciales menos conocidas, ha blanqueado los ingresos procedentes de sus operaciones mediante bancos e intermediarios en Panamá y otras jurisdicciones. Los emigrantes comunistas cubanos leales han establecido en el extranjero negocios aparentemente legítimos que mantienen una relación simbiótica con la dictadura, disfrutando de privilegios a cambio de los servicios prestados. Estos activos de «poder blando», valorados en miles de millones, forman un ecosistema externo que permite al régimen resistir la presión financiera. Centrarse en las participaciones de GAESA en bancos panameños y redes extraterritoriales similares sería el siguiente paso lógico, pero ni siquiera unas medidas económicas ampliadas serán decisivas por sí solas.

La indiferencia del régimen ante el sufrimiento de los cubanos de a pie limita aún más el poder coercitivo de las sanciones. La dictadura nunca ha considerado el bienestar del pueblo cubano como una limitación para su supervivencia. Una sociedad empujada al borde de la hambruna no obligaría a los dirigentes a renunciar al poder. La élite dictatorial ha demostrado en repetidas ocasiones que antepone sus privilegios y proyectos ideológicos a las necesidades básicas de la población a la que gobierna. Las penurias económicas siempre las sufre el pueblo, nunca quienes toman las decisiones en La Habana.

El momento político también parece condicionar el enfoque actual. Ante la proximidad de las elecciones de mitad de término, es posible que la Administración Trump esté actuando con cautela. El movimiento comunista estadounidense, que hoy opera principalmente bajo la bandera de los Socialistas Demócratas de América, está inmerso en un esfuerzo decidido por hacerse con el control del Partido Demócrata. Este esfuerzo representa una expresión contemporánea de la «marcha a través de las instituciones» defendida desde hace tiempo por los marxistas gramscianos. Dados los vínculos históricos documentados y actuales entre el comunismo cubano y elementos de la izquierda radical estadounidense, la persistencia de un régimen marxista en Cuba no es meramente un problema de política exterior. Se trata también de una cuestión interna estadounidense. La moderación antes de las elecciones de mitad de término podría reflejar un esfuerzo por evitar proporcionar munición política a estas fuerzas.

Sin embargo, tras las elecciones de mitad de legislatura, Estados Unidos debe adoptar una postura más resuelta. La guerra económica, por muy rigurosamente que se aplique, es insuficiente. El régimen de los Castro conserva activos y redes en el exterior capaces de mantenerlo durante un mandato presidencial de la nación norteamericana. Si el objetivo es la libertad auténtica para el pueblo cubano y la eliminación de un peligro hostil para la república estadounidense, los responsables políticos deben reconocer que solo una acción militar concreta logrará el cambio sistémico necesario. Una revolución de palacio que se limite a reorganizar el personal, dejando intactas las estructuras comunistas, sería meramente cosmética. Cualquier transición auténtica hacia un orden democrático tendría que tipificar criminalmente al castrocomunismo propiamente desde el principio y desmantelar sus cimientos institucionales.

Las sanciones siguen siendo un instrumento justificado y útil. Son moralmente defendibles y pueden debilitar la capacidad del régimen para reprimir y proyectar su poder. Pero, por sí solas, no pueden producir el resultado decisivo que se requiere. El ecosistema externo de empresas tapadera, finanzas extraterritoriales y aliados ideológicos proporciona a la dictadura una resiliencia que la mera presión económica no puede superar. Tan pronto como lo permita el calendario político nacional, Estados Unidos debería ir más allá de las medidas financieras calibradas y preparar las herramientas concretas necesarias para poner fin al comunismo cubano. Solo entonces se alcanzarán plenamente los objetivos estratégicos articulados en 2025 y el imperativo moral reconocido en el informe de julio de 2026.

Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”), el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de Historia de Cuba en el Exilio. Sigue a Julio en: