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Han pasado cinco años desde el 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de cubanos salieron a las calles en el mayor levantamiento nacional desde el establecimiento de la dictadura castrocomunista. Las manifestaciones hicieron añicos uno de los mitos más arraigados del régimen: que el pueblo cubano había aceptado el régimen comunista. Por el contrario, el 11J puso al descubierto una nación agotada por más de seis décadas de represión política, ruina económica y violaciones sistemáticas de los derechos humanos fundamentales.
Los acontecimientos del 11J revelaron dos realidades perdurables. En primer lugar, la abrumadora mayoría de los cubanos está profundamente insatisfecha con el sistema político vigente. El carácter espontáneo de las manifestaciones —que estallaron simultáneamente en docenas de ciudades y pueblos sin un liderazgo centralizado— demostró que el descontento había llegado a todos los sectores de la sociedad. Los cubanos se manifestaron no solo por la escasez de alimentos, medicinas o electricidad, sino porque reconocieron que estas penurias eran síntomas de una enfermedad más profunda: un sistema totalitario irremediablemente fallido.
En segundo lugar, el 11 de julio confirmó que el castrocomunismo solo puede sobrevivir mediante el ejercicio continuado del terrorismo de Estado. La respuesta inmediata del régimen no fue el diálogo ni la reforma, sino la represión. Los manifestantes pacíficos fueron golpeados, detenidos arbitrariamente, sometidos a juicios sumarios y condenados a penas de prisión extraordinariamente severas. El sistema de prisiones políticas de puerta giratoria de Cuba comunista, según el informe de julio de Prisoners Defenders, cuenta actualmente con 1.306 reclusos. Muchos de ellos son jóvenes, mujeres y personas que nunca habrían sido procesadas en ninguna sociedad democrática civilizada. Siguen surgiendo con regularidad alarmante denuncias de tortura, abuso psicológico, denegación de tratamiento médico y condiciones carcelarias inhumanas.
La reacción de la dictadura se desarrolló a través de tres estrategias distintas, pero complementarias, diseñadas para preservar su monopolio del poder. La primera fue una brutal represión a nivel nacional. Las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior (MININT), los agentes de la seguridad del Estado y los grupos paramilitares progubernamentales reprimieron rápidamente las manifestaciones mediante una fuerza abrumadora. El proceso judicial posterior se convirtió en una prolongación de la represión política más que en un instrumento de justicia. Durante este periodo, también surgieron dudas en torno a las muertes inexplicables de numerosos altos cargos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del MININT, hechos que nunca han recibido una explicación pública transparente.
La segunda estrategia buscó neutralizar el impulso generado por el 11J mediante la manipulación política. Las manifestaciones propuestas para el 15 de noviembre (15N), organizadas por el movimiento Archipiélago, parecían inicialmente capaces de convertirse en una segunda movilización a nivel nacional. En cambio, el régimen logró infiltrarse, vigilar y, en última instancia, neutralizar la iniciativa a través de su extenso aparato de inteligencia, privando a la oposición del impulso que podría haber transformado el 11J en un movimiento cívico sostenido.
La tercera respuesta se basó en un instrumento ya conocido que el régimen castrista ha empleado repetidamente a lo largo de su historia: facilitar la emigración masiva. A través de la política de exención de visados de Nicaragua y de las rutas migratorias por Centroamérica y México, cientos de miles de cubanos abandonaron la isla, y muchos de ellos acabaron entrando en Estados Unidos. Este éxodo masivo alivió la presión social interna, al tiempo que exportaba al extranjero las consecuencias del fracaso político de Cuba. La crisis migratoria se convirtió en otro mecanismo para preservar la dictadura, en lugar de abordar las causas que obligaban a los cubanos a huir.
A pesar de estos esfuerzos, el espíritu del 11J no ha desaparecido. Durante los últimos cinco años han continuado las manifestaciones de menor envergadura en toda la isla, especialmente en respuesta a los prolongados cortes de electricidad, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, tras haber sido tomado por sorpresa en julio de 2021, el régimen se ha adaptado. Los servicios de seguridad intervienen ahora de forma preventiva, recurriendo a la vigilancia, las detenciones preventivas, la intimidación, las restricciones en Internet y las fuerzas de respuesta rápida para evitar que las protestas localizadas se conviertan en otro levantamiento a nivel nacional. La represión se ha vuelto más sofisticada, pero no menos brutal.
Mientras tanto, el contraste entre la élite gobernante de Cuba y los ciudadanos de a pie es cada vez más marcado. El régimen ha evolucionado hasta convertirse en lo que muchos académicos describen como una cleptocracia sultanista centrada en una familia gobernante ampliada y una estrecha aristocracia política. Mientras que la gran mayoría de los cubanos soportan una escasez crónica, unas infraestructuras en ruinas y una desesperación económica casi total, quienes están vinculados a los centros de poder siguen disfrutando de un acceso privilegiado a la riqueza, a los productos importados, a instalaciones exclusivas y a oportunidades inaccesibles para la inmensa parte de la población. La retórica ideológica de la igualdad ha dado paso hace tiempo a una realidad inconfundible de privilegios políticos.
Más allá de las fronteras de Cuba, la dictadura sigue siendo una fuente de inestabilidad regional. Las sucesivas administraciones estadounidenses han reconocido que el régimen castrista plantea retos que van más allá de la propia isla. La Habana sigue siendo un importante centro neurálgico para los movimientos antidemocráticos de toda América Latina, al tiempo que mantiene estrechas relaciones estratégicas con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Los servicios de inteligencia cubanos han ejercido históricamente una influencia muy superior al tamaño del país, lo que convierte a la isla en una plataforma estratégica para los rivales geopolíticos que buscan una mayor influencia en el hemisferio occidental.
Hoy en día, el régimen habla cada vez más de «reformas» económicas, al tiempo que evita cuidadosamente cualquier debate sobre una auténtica liberalización política. Tales propuestas malinterpretan —u ocultan deliberadamente— la naturaleza de la crisis cubana. El problema fundamental no es económico, sino político. Los ajustes económicos aplicados por un Estado totalitario no pueden generar libertad, justicia o una reconciliación nacional significativa. Sin tribunales independientes, elecciones libres, libertad de expresión, propiedad privada protegida por la ley y un gobierno constitucional auténtico, los retoques económicos no hacen más que prolongar el régimen dictatorial. Un sistema basado en el control político absoluto no puede reformarse únicamente mediante modificaciones administrativas.
Mientras Estados Unidos conmemora el 250.º aniversario de su lucha por la independencia, la historia nos ofrece un recordatorio instructivo. Estados Unidos no consiguió su libertad de forma aislada. La intervención militar francesa resultó decisiva en Yorktown, mientras que la ayuda financiera española también contribuyó de manera demostrativa a la causa estadounidense. Este es solo un ejemplo de intervención extranjera que benefició sustancialmente a Estados Unidos. Se puede argumentar perfectamente —y Washington debería recordarlo— que, sin la ayuda militar francesa, Estados Unidos probablemente habría acabado como Canadá. Las luchas exitosas por la libertad dependen con frecuencia del apoyo de aliados democráticos dispuestos a enfrentarse a la tiranía.
El pueblo cubano ya ha demostrado su deseo de libertad. Lo hizo con valentía el 11 de julio de 2021 y sigue demostrándolo a través de su resistencia diaria, a pesar de los riesgos extraordinarios. Cinco años después, la lección del 11 de julio sigue siendo inequívoca. La dictadura cubana nunca ha contado con el consentimiento de su pueblo, como exige una democracia. Gobierna únicamente mediante el miedo, la coacción y la represión. La tarea pendiente para el mundo democrático no es fomentar reformas cosméticas que prolonguen el castrocomunismo, sino apoyar la restauración de la libertad, la justicia, el gobierno constitucional y la soberanía nacional para el pueblo cubano.
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Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”), el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de Historia de Cuba en el Exilio. Sigue a Julio en:
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