El imperio del castrismo se desmorona
Julio M. Shiling
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Durante décadas, los detractores de la presión económica contra el régimen castrista-comunista insistieron en que las sanciones no funcionaban. Según esta opinión generalizada, La Habana había aprendido a sobrevivir a todas las restricciones, a adaptarse a todos los obstáculos y a transformar todas las dificultades en propaganda política. Sin embargo, los dramáticos acontecimientos que siguieron a la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump han puesto de manifiesto la debilidad de ese argumento. Los acontecimientos del último mes demuestran que las sanciones no solo funcionan, sino que son más eficaces cuando se diseñan partiendo de una comprensión clara de la estructura real del régimen y de sus fuentes de poder. Firmada el 1 de mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404 representa el desafío más serio jamás dirigido contra la arquitectura financiera que ha sostenido el castro-comunismo desde el colapso de la Unión Soviética. En lugar de centrarse exclusivamente en funcionarios individuales o restricciones simbólicas, la orden apunta a la extensa red de corporaciones extranjeras, inversores, bancos, empresas navieras, operadores hoteleros y socios comerciales. Estos han permitido al régimen sobrevivir mucho tiempo después de la desaparición de las subvenciones soviéticas. Para apreciar la importancia de esta medida, hay que comprender cómo la dictadura cubana se reinventó tras la caída de la URSS. La pérdida del apoyo soviético sumió al régimen en una crisis existencial. Ante el colapso económico, la dirección no abandonó el socialismo. En su lugar, desarrolló gradualmente un sistema híbrido que combinaba el totalitarismo político con una forma de capitalismo concesionario controlado por los militares. Los cimientos de esta transformación se sentaron a través del proceso de Perfeccionamiento Empresarial iniciado en 1988. Bajo la bandera de la eficiencia y la modernización, se concedió a las empresas militares una autonomía y una autoridad económica cada vez mayores. Con el tiempo, estas entidades controladas por los militares se expandieron a prácticamente todos los sectores rentables de la economía. Esta evolución alcanzó su máxima expresión en GAESA, el extenso conglomerado militar que llegó a dominar el turismo, el comercio minorista, el transporte, la banca, el sector inmobiliario, la logística y la inversión extranjera. La edad avanzada de Raúl Castro no debe suscitar lástima. El alma no conoce El resultado no fue un mercado libre, sino un imperio militar-comercial. Los inversores extranjeros que llegaban a Cuba no invertían en los trabajadores cubanos, los empresarios cubanos o la clase media cubana. Estaban estableciendo asociaciones con empresas controladas por las fuerzas armadas y alineadas con el Partido Comunista. Los ingresos generados por estos acuerdos fluían en su gran mayoría hacia las arcas del régimen, mientras que los cubanos de a pie seguían excluidos de una propiedad significativa, de la organización laboral independiente, de la participación política y de las oportunidades económicas. Durante años, las corporaciones internacionales participaron voluntariamente en este acuerdo. Las cadenas hoteleras firmaron acuerdos de gestión con empresas turísticas de propiedad militar. Las empresas mineras se asociaron en empresas conjuntas con monopolios estatales. Las instituciones financieras facilitaron transacciones que sustentaban las necesidades de divisas fuertes del régimen. Las empresas navieras transportaban mercancías a través de infraestructuras controladas por el ejército. Al hacerlo, muchas de estas corporaciones se convirtieron en componentes indispensables del sistema económico que preservaba el régimen de partido único. Su participación tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del comercio. El sistema laboral cubano ha violado durante mucho tiempo los principios más básicos consagrados en los convenios internacionales del trabajo. Los trabajadores contratados a través de empresas extranjeras veían sus salarios confiscados por el Estado, carecían de representación independiente y se les negaba el derecho a negociar libremente con los empleadores. Mientras las empresas disfrutaban de acceso a una mano de obra cautiva, el pueblo cubano seguía privado de sus derechos fundamentales. Los beneficios generados por estos acuerdos ayudaron a sostener las mismas instituciones responsables de la represión política, la censura, las detenciones arbitrarias y la denegación de las libertades civiles. Por eso la Orden Ejecutiva 14404 ha resultado tan disruptiva. Al imponer sanciones secundarias a las entidades extranjeras que operan en sectores estratégicos de la economía cubana y a aquellas que hacen negocios con empresas controladas por el ejército, la orden transformó a Cuba de un riesgo comercial manejable en una responsabilidad financiera potencialmente devastadora. El acceso al sistema financiero estadounidense, a las redes bancarias internacionales y a los mercados globales se volvió de repente más valioso que la participación continuada en la economía cubana en contracción. Las sanciones no se limitaron a las empresas extranjeras. El 4 de junio, Washington amplió también su enfoque a las familias gobernantes del régimen y a los pilares institucionales que durante mucho tiempo han sostenido el poder castrista. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza; a Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel; y a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, respectivamente hijo y nieto de Raúl Castro. Las medidas congelan los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben las transacciones con ciudadanos, empresas e instituciones financieras estadounidenses. Con ello, ponen de manifiesto una creciente voluntad de actuar no solo contra los titulares de cargos públicos, sino contra la red más amplia de familiares, intermediarios y beneficiarios que ha rodeado a la élite gobernante durante décadas. Igualmente significativa ha sido la decisión de sancionar al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y su agencia de viajes Amistur Cuba S.A., así como a Minera la Victoria S.A. Estas entidades han servido como instrumentos fundamentales para el control militar, la vigilancia vecinal, las operaciones de influencia internacional, la financiación del régimen y la movilización política. Al dirigirse a organizaciones en lugar de únicamente a individuos, las sanciones golpean la infraestructura institucional a través de la cual la dictadura ha ejercido el poder. En el contexto de una futura transición democrática, tales medidas refuerzan un principio importante: la rendición de cuentas debe extenderse tanto a figuras concretos, así como a las estructuras que permitieron, financiaron y perpetuaron la represión sistemática. La reacción ante la Orden Ejecutiva 14404 era previsible. Antes de la fecha límite del 5 de junio para la exposición de las sanciones, una lista cada vez mayor de destacadas empresas extranjeras anunció su intención de retirarse, suspender sus operaciones, reducir su presencia o distanciarse del régimen. La española Meliá, durante mucho tiempo el mayor operador hotelero extranjero en Cuba, comenzó a rescindir los acuerdos de gestión que afectaban a numerosas propiedades. Iberostar siguió con medidas similares. La canadiense Blue Diamond Resorts anunció su salida. La indonesia Archipelago International puso fin a sus operaciones. En el sector minero, la canadiense Sherritt International, uno de los socios extranjeros más importantes del régimen, suspendió su participación directa y comenzó a reducir sus operaciones. Los gigantes del transporte marítimo y los intermediarios financieros también tomaron medidas para limitar su exposición, mientras que las redes de pago conectadas con Cuba sufrieron importantes interrupciones. Este éxodo revela una verdad esencial. El modelo económico postsoviético del régimen de Castro nunca fue autosuficiente. Dependía de una afluencia continua de capital extranjero, experiencia, marcas, tecnología y legitimidad. Una vez que esos socios comenzaron a marcharse, las vulnerabilidades de todo el sistema se hicieron visibles. La clase militar-empresarial cultivada a lo largo de décadas de Perfeccionamiento Empresarial y consolidada bajo GAESA se ha visto ahora privada de gran parte de su capacidad de inversión extranjera. Como consecuencia, el acceso del régimen a divisas fuertes se verá inevitablemente afectado. La importancia de estos acontecimientos va mucho más allá de las pérdidas económicas inmediatas. Lo que se está desarrollando hoy es el desmantelamiento progresivo de la maquinaria institucional que permitió al castrismo-comunismo sobrevivir tras la caída del bloque soviético. La red de empresas militares, monopolios privilegiados, asociaciones extranjeras y acuerdos laborales controlados por el Estado que enriqueció a una élite gobernante reducida está empezando a desmoronarse. Ese proceso tiene profundas implicaciones para la futura transición de Cuba hacia la democracia. La justicia transicional no consiste únicamente en enjuiciar a funcionarios individuales. También requiere desenmascarar y desmantelar las estructuras que hicieron posible el régimen totalitario. El imperio económico construido en torno a GAESA y sus socios extranjeros se convertirá inevitablemente en objeto de aclaración histórica, escrutinio legal y rendición de cuentas pública una vez que comience la democratización. Muchas de las empresas que ahora se apresuran a salir del país preferirían presentarse como actores empresariales inocentes. Sin embargo, los registros históricos demostrarán que numerosas empresas extranjeras se asociaron a sabiendas con instituciones controladas por una dictadura que violaba sistemáticamente los derechos laborales, las libertades civiles y la dignidad humana. Si bien la responsabilidad de estos abusos recae ante todo en el propio régimen, quienes se beneficiaron del sistema no pueden eludir por completo la responsabilidad moral de haber contribuido a mantenerlo. La rápida desintegración de este complejo militar-comercial demuestra que las sanciones, cuando se diseñan adecuadamente y se aplican con rigor, pueden alcanzar objetivos estratégicos que muchos consideraban antes imposibles. Al apuntar a las fuentes reales de poder financiero del régimen, en lugar de limitarse a sus símbolos políticos, la Orden Ejecutiva 14404 ha golpeado el corazón del modelo de supervivencia postsoviético que mantuvo a flote el comunismo castrista durante más de tres décadas. La historia puede preguntarse por qué una política que comparte la claridad de estas medidas fundamentales, destinadas a privar de fondos a un régimen criminal, no se aplicó décadas antes. No obstante, más vale tarde que nunca. Irónicamente, el día que se celebra internacionalmente como el Día del Trabajador, el presidente Trump promulgó una medida que desafiaba directamente un sistema construido sobre la explotación de la mano de obra cubana y el enriquecimiento de una élite militar privilegiada. Ya sea intencionado o casual, puede que resulte ser uno de los regalos más trascendentales jamás otorgados a los trabajadores cubanos. Supuso un golpe decisivo contra la maquinaria financiera que se beneficiaba de su opresión y representó un paso significativo hacia el día en que Cuba pueda finalmente comenzar la difícil pero necesaria labor de reconstrucción democrática y justicia transicional. © Patria de Martí. Todos los derechos reservados.
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Autor Julio M. Shiling
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