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El 2 de octubre de 2026, la Guardia Costera de EE. UU. anunció la interceptación del M/V Grace, un buque detenido en una operación internacional de lucha contra el tráfico ilícito de combustible con destino a Cuba. Las autoridades señalaron el uso de tácticas propias de la «flota oscura»: navegación engañosa, carga oculta y prácticas diseñadas para eludir el escrutinio. Se encontró combustible almacenado de forma insegura en tanques de lastre y contenedores. Meses antes, el 28 de junio, la Guardia Costera detuvo al M/V Jaira Provider, un buque de suministro en alta mar que no cumplía con las normas, registrado en San Cristóbal y Nieves, que transportaba más de 200 000 galones de combustible hacia la isla. No se trata de incautaciones aleatorias. Forman parte de un esfuerzo deliberado y específico para romper un patrón que se remonta a décadas: la conversión sistemática por parte de la dictadura comunista cubana de petróleo preferencial o ilícito en divisas fuertes, mientras el pueblo cubano sufre una escasez crónica.
No se trata de un bloqueo humanitario. Es un filtro. Washington pretende controlar la propiedad, la venta y los beneficiarios finales del petróleo que entra en Cuba, de modo que este se consuma en la isla en lugar de ser objeto de arbitraje en el extranjero a cambio de dólares y euros. Esto contribuye a sostener la maquinaria represiva del régimen, su aparato de inteligencia y la exportación de la subversión. La alternativa —flujos sin restricciones— ha permitido durante mucho tiempo a La Habana alegar escasez interna mientras monetiza el excedente o el producto desviado. La moderación de la política es deliberada: parte del combustible sigue llegando a entidades, incluidas las MIPYMES vinculadas al Estado dictatorial, precisamente para evitar el colapso social. La denegación total supondría un riesgo de catástrofe; la entrada controlada impide que el régimen siga siendo el principal traficante de petróleo como reexportador.
Esta práctica es histórica, no hipotética. Durante la era soviética, Cuba recibía petróleo en condiciones muy preferenciales a través de acuerdos del COMECON e intercambios de trueque que sobrevaloraban el azúcar cubano. El consumo interno generaba un excedente que se reexportaba —o que ni siquiera llegaba a desembarcar— a los mercados occidentales a cambio de divisas convertibles. Los estudios sobre ese período, basados en datos del Banco Nacional de Cuba, muestran que, entre 1983 y 1985, las reexportaciones de petróleo representaron más del 40 % de los ingresos en divisas fuertes de Cuba, superando a los del azúcar. El mecanismo era puro arbitraje: adquirir petróleo barato o en moneda débil y vender el excedente a precios mundiales. Entraban recursos preferenciales y salían divisas fuertes. El fraccionamiento de cargamentos y la reexportación se convirtieron en un modelo de ingresos fundamental.
El patrón se repitió con la Venezuela chavista. Llegaban envíos preferenciales o motivados políticamente; parte de ellos se desviaba o se estructuraba para su reventa. El seguimiento por satélite y los datos de transporte marítimo documentaron esta práctica. En un caso claro relacionado con el M/T Skipper en diciembre de 2025, el petrolero cargó crudo venezolano, transfirió una parte cerca de Curazao a un buque con destino a Cuba y continuó hacia China con la mayor parte de la carga. Los superpetroleros que cargaban en Venezuela realizaban breves escalas en el Caribe, descargaban parte de la carga destinada a La Habana y proseguían hacia el este. El Gobierno cubano podía, al mismo tiempo, alegar escasez de combustible en el país mientras convertía la diferencia en divisas. Esa diferencia ha financiado a conglomerados estatales como GAESA, los servicios de seguridad y operaciones políticas en el exterior de forma mucho más fiable de lo que jamás podrían hacerlo el azúcar o el turismo.
Los críticos que atribuyen las dificultades actuales únicamente al embargo de EE. UU., a las Órdenes Ejecutivas de Trump del 14380 al 14404 o a sanciones relacionadas, ignoran tanto la cronología como la responsabilidad. El deterioro económico de Cuba comenzó en 1959 con la imposición de la planificación centralizada, las expropiaciones y el rechazo de los incentivos de mercado. Se agravó a lo largo de sucesivas décadas de ineficiencia, aislamiento del capital productivo y priorización de la supervivencia del régimen por encima del bienestar de los ciudadanos. La emigración masiva desde 2021 —aproximadamente el 20 por ciento de la población, con un fuerte predominio de jóvenes— refleja un fracaso acumulado, no una crisis externa repentina. Culpar a Washington de las consecuencias de la economía castrocomunista es la línea propagandística preferida del régimen; además, es una inversión de los hechos. Estados Unidos no es el responsable de la miseria de Cuba. Está respondiendo a una estrategia de ingresos duradera que ha prolongado esa miseria al financiar el aparato que la impone.
El enfoque actual reconoce la realidad sin renunciar a los principios. El combustible se vende en condiciones controladas, incluso cuando el destinatario está vinculado al régimen, porque la escasez descontrolada conlleva el riesgo de una catástrofe humanitaria. Sin embargo, esa misma política bloquea los canales de división de cargamentos y la «flota oscura» que convierten el petróleo en divisas fuertes sin restricciones para la élite y el Estado de seguridad. Las interceptaciones del Grace y del Jaira Provider ilustran la distinción: se dirigen contra movimientos ilícitos y engañosos, y no contra el suministro comercial legítimo. Washington no está intentando privar a la isla de energía; está intentando privar a la dictadura de un negocio de arbitraje fácil que ha subvencionado la represión durante generaciones.
Bajo el comunismo cubano, el petróleo nunca ha servido principalmente para abastecer hospitales, fábricas o hogares. Ha sido un negocio sucio: una estafa en busca de fondos. Desde las reexportaciones soviéticas que en su día aportaban más del 40 % de los ingresos convertibles hasta la división de cargamentos venezolanos documentada por imágenes de satélite, el modelo ha sido constante: entrada preferencial, asignación interna selectiva, monetización externa. El saqueo del petróleo venezolano, antes del 3 de enero, supuso que entre el 60 % y el 80 % de los envíos de petróleo fueran revendidos por la Cuba comunista a Asia u otros mercados de regímenes afines. La decisión de Estados Unidos de controlar la entrada, al tiempo que sigue permitiendo flujos moderados, es tanto estratégicamente coherente como moralmente defendible. Niega al régimen la capacidad ilimitada de convertir el petróleo en la divisa fuerte que sustenta su poder, sin imponer el corte total que colapsaría la vida civil. Quienes ignoran esta historia y estas pruebas para culpar de forma instintiva a Estados Unidos no están defendiendo al pueblo cubano. Están, ya sea de forma intencionada o no, repitiendo la narrativa oficial de una dictadura que siempre ha preferido la divisa para ejercer control antes que el combustible para sus ciudadanos.
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🖋️Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”), el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de Historia de Cuba en el Exilio.
