Las órdenes ejecutivas, los memorandos de seguridad nacional y los objetivos del Departamento de Estado de la administración Trump representan un giro audaz y necesario hacia el desmantelamiento de la dictadura comunista de Cuba. No se trata de una mera postura, sino de una necesidad estratégica basada en décadas de pruebas que demuestran que políticas de distensión solo prolongan la tiranía. El socialismo, como afirmó enfáticamente el renombrado economista húngaro János Kornai, es irreformable: los intentos de «reformar» el socialismo fracasan inevitablemente debido a sus contradicciones inherentes.
Las crisis crónicas de Cuba —pobreza rampante, escasez y represión— no son accidentes, sino resultados deliberados de un sistema inducido políticamente y plagado de decadencia ética y moral. Las llamadas «reformas» del régimen son parches superficiales, diseñados para atraer la inversión extranjera mientras se mantiene un control férreo. Los proyectos más recientes de MYPIMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) son intentos cleptocráticos de transformar Cuba en una dictadura oligárquica al estilo de Putin. Estados Unidos debe rechazar de plano estas escasas concesiones. Solo un cambio de régimen a gran escala puede erradicar las causas fundamentales y restaurar la prosperidad del pueblo cubano.
La verdadera soberanía en un marco democrático significa soberanía popular, que se ha negado a los cubanos desde el golpe ideológico de Fidel Castro en 1959. En esencia, la soberanía genuina en un contexto democrático significa la voluntad del pueblo, expresada libremente. Desde la toma del poder por los comunistas, los cubanos han sido despojados de este derecho y viven bajo un régimen que gobierna mediante el miedo y la coacción, en lugar del consentimiento. Las estridentes acusaciones de la dictadura sobre las «violaciones de la soberanía» por parte de Estados Unidos son inventos cínicos que ignoran que los verdaderos soberanos —la nación cubana— llevan generaciones sin voz. Washington debería ignorar con valentía estas falsas acusaciones y actuar para empoderar al pueblo, en consonancia con los valores fundamentales de libertad y autodeterminación de Estados Unidos. Hacer lo contrario es perpetuar un mito que solo beneficia a los opresores.
Para desmantelar este régimen, el Departamento de Justicia de la era Trump debe ejercer toda la fuerza de la ley. Reactivar la acusación de 1993 contra Raúl Castro por orquestar redes de tráfico de drogas que canalizaban cocaína a través de Cuba, obteniendo millones en ganancias ilícitas. Igualmente importante es perseguir los cargos por el derribo a sangre fría en 1996 de los aviones de Hermanos al Rescate, que asesinó a tres ciudadanos estadounidenses y a un residente en Estados Unidos en espacio aéreo internacional, un acto flagrante de terrorismo patrocinado por el Estado. Ampliar estas acusaciones a otras élites del régimen, respaldadas por testimonios de testigos presenciales de narcotraficantes colombianos como Carlos Lehder, quien detalló reuniones personales con Raúl Castro para coordinar rutas de contrabando. Jhon Jairo Velásquez («Popeye») reveló además la profunda implicación de Cuba en las operaciones del Cartel de Medellín. No se trata de acusaciones, sino de hechos corroborados que exigen rendir cuentas, golpeando el corazón criminal del régimen y disuadiendo a sus facilitadores.
La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD) de 1996 (también conocida como Ley Helms-Burton) proporciona una base jurídica sólida para el cambio de régimen, centrándose en el atroz robo de propiedades estadounidenses por parte de la Revolución Cubana, valorado entre 6000 y 8000 millones de dólares, lo que lo convierte en la mayor expropiación de este tipo de la historia. Al activar plenamente el Título III, Estados Unidos puede demandar a las entidades que se benefician de los activos robados, paralizando la complicidad extranjera y aislando a La Habana. Esto no es una agresión, es justicia, rectificar un error histórico que financió la supervivencia del régimen y subrayar que las revoluciones basadas en el saqueo no pueden perdurar.
Durante más de seis décadas, el comunismo cubano ha sido un caldo de cultivo para el terrorismo marxista, albergando, entrenando y armando a insurgentes de un extremo al otro de América Latina. Ningún país del hemisferio occidental ha quedado indemne de la subversión comunista orquestada por el castrismo. Este apoyo perdura hoy en día, con La Habana respaldando a grupos narcoterroristas y elementos subversivos en todo el hemisferio. Es alarmante que muchas organizaciones radicales de izquierda en Estados Unidos sirvan de fachada encubierta para la influencia cubana y china, difundiendo propaganda y promoviendo la subversión. Las pruebas empíricas de documentos desclasificados y testimonios de desertores revelan un patrón de violencia exportada que se ha cobrado miles de vidas, lo que exige una respuesta firme de Estados Unidos para neutralizar esta amenaza.
Cuba funciona como un colosal puesto de espionaje, lo que supone un riesgo existencial para la seguridad estadounidense. Trump acertó al destacar la instalación de inteligencia de señales de Lourdes, la mayor de Rusia en el extranjero, ahora ampliada con bases de espionaje chinas y colaboraciones norcoreanas, que permiten la interceptación de comunicaciones y secretos militares estadounidenses. Agentes cubanos como Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha, que traicionaron a la inteligencia estadounidense durante décadas y proporcionaron información falsa clave que desvió la política estadounidense (estos son solo dos ejemplos) y causó daños irreparables. Estas infiltraciones en instituciones clave de Estados Unidos ponen de relieve el astuto pragmatismo del régimen, exitoso desde el punto de vista dictatorial, aunque fracase estrepitosamente según los estándares democráticos de soberanía popular, derechos humanos y bienestar material.
Para cortar el sustento del régimen, hay que imponer una cuarentena integral o un bloqueo total, cortando el flujo de recursos y mitigando al mismo tiempo el sufrimiento de la población civil mediante la ayuda humanitaria distribuida a través de canales imparciales como la Iglesia católica. Hay que detener inmediatamente todas las remesas, ya sean en efectivo o en especie, junto con los viajes, las licencias comerciales de la era Obama-Biden, los planes de inversión y cualquier mecanismo que canalice fondos a La Habana. Estas entradas, que suman miles de millones al año, sostienen la dictadura sin beneficiar a los cubanos de a pie. Además, el Departamento de Justicia debería desplegar su arsenal legal contra GAESA, el conglomerado militar que domina la economía cubana, actuando contra sus entidades offshore en Panamá y otros lugares en virtud de leyes similares a la RICO contra el crimen organizado. Procesar a las organizaciones fachada que se hacen pasar por empresas legítimas y exigir responsabilidades a las naciones cómplices, desmantelando la red financiera global del régimen.
En última instancia, la naturaleza totalitaria del castrocomunismo, mucho más omnipresente que el mero autoritarismo, exige nada menos que un cambio de régimen. Su formato estratégico en toda América, incluidas las insidiosas operaciones de influencia en Estados Unidos, amplifica los peligros para la seguridad nacional: el espionaje, el patrocinio del terrorismo y los imperios de la droga han costado vidas estadounidenses y han socavado la estabilidad. Las medias tintas han fracasado. El apaciguamiento invita a la escalada. Al llevar a cabo estas acciones, Estados Unidos salvaguarda sus intereses y defiende la libertad de 11 millones de cubanos y de toda América Latina. El cambio de régimen no es opcional, es el imperativo moral y estratégico de nuestro tiempo, que garantiza un hemisferio libre de sombras comunistas.
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🖋️Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”), el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de Historia de Cuba en el Exilio
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